Después de leer el fallo de la Sala de lo Constitucional sobre el caso de Beatriz y, si como expusieron los médicos en la audiencia su intención no era practicar un aborto, me pregunto ¿por qué esperar un aval judicial para hacer algo lícito?
No estoy juzgando el derecho de Beatriz a procurar su salud y preservar su vida siempre que se apegue al marco legal, pero ahora me asaltan más las dudas o la claridad sobre el verdadero propósito de iniciar este proceso.
Por lo mismo digo, ¿para qué tanto ir y venir y hacer perder tiempo a los magistrados con el recurso de amparo si el propósito era preservar las vidas tanto de la joven como de su criatura “hasta donde sea posible” y, si como se dijo desde un principio, era urgente intervenir a la paciente?
La misma joven expuso en la audiencia del 15 de mayo que quería “interrumpir el embarazo”, pero que “su voluntad no implica un aborto”, según consigna el fallo.
Como dicen los jueces constitucionalistas en su resolución, son los médicos los que tienen el conocimiento y la especialización para saber lo que deben hacer en estos casos apegándose a la ley, y no la Sala. Eso sí, les imponen la responsabilidad de garantizar tanto la vida de la madre como de la criatura.
Los galenos, por su parte, dijeron que necesitaban estar exentos de una posterior acción penal, pero ¿por qué si no iban a hacer algo ilícito?
¿O alguien tenía la intención de sorprender a los magistrados para que terminaran autorizando el aborto y sentando jurisprudencia favorable, como unos años atrás se tramitó para avalar los abortos terapéuticos y eugenésicos?
En esto es importante notar que tanto las autoridades sanitarias como los promotores de la causa se cuidan de mencionar abiertamente la palabra “aborto”, aunque, según la sentencia, en su momento el Ministerio de Salud expresó que “en el país no existen protocolos médicos de actuación en casos como el de la señora B.C., debido a que legalmente no es permitido ningún tipo de aborto”.
O sea que alguien sí tenía en mente el aborto y esperaba poner a prueba al sistema. Ahora todo el mundo habla de “cesárea”, algo que ni mencionaban al principio.
De igual manera, para los promotores del amparo y la “interrupción del embarazo”, si bien se trata de una confrontación de dos bienes jurídicos de igual valor como son el derecho de la madre y el de su hijo, “dado el pronóstico de no sobrevivencia extrauterina del feto, debe prevalecer el derecho a la vida de la madre” y hasta invocaron los de su primer hijo.
Es importante hacer notar que en su comunicado del jueves, el Ministerio de Salud ya habla del “hijo en gestación” de Beatriz y anunció que el equipo que la atiende está en emergencia. Me parece que la sentencia ayudó a definir más esa condición. Por lo mismo, las autoridades de Salud dejaron sentado que no hay impedimento para que los médicos del Hospital de Maternidad realicen los procedimientos necesarios para preservar la vida de la “Beatriz” “y hasta donde sea posible los de su “hijo en gestación”, dadas las condiciones de anencefalia de este último, circunstancia incompatible con la vida extrauterina”.
Quien me pareció que tuvo claridad fue la Procuradora General, que advirtió que debía analizarse la posibilidad de proteger tanto la vida de la madre como del hijo mediante “la anticipación o inducción del parto”.
La funcionaria observó que esta intervención no debería hacerse de manera tardía, porque podría correr peligro la vida de la madre.
Uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, recordó en su voto razonado que tratados internacionales suscritos por El Salvador reconocen los derechos del ser humano desde el momento de la concepción.
Mientras la polémica se encendía en El Salvador, en China un recién nacido era rescatado de la cañería de una letrina. Su madre alegó que el bebé cayó allí por “accidente”.
Otro bebé fue robado a su madre por pandilleros y rescatado en Santa Ana.
Me pregunto cómo nos podrían recordar a los de la presente generación estos niños cuando sean adultos.
Que cada quien piense lo que quiera y busque probar al sistema, no me preocupa y creo que están en su derecho de hacerlo y defender lo que piensan, incluso aquello de que la mujer tiene derecho a decidir. Este es un país libre y los ciudadanos podemos hacer lo que queramos siempre que no violemos la ley. Pero que se busquen mecanismos oscuros y ambiguos para lograr sus propósitos no muestra más que una perversa agenda en la que no debemos caer.