La política social es la respuesta sistemática del Estado a las necesidades de salud, educación, vivienda y otros requerimientos que contribuyen a elevar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible. Es el medio para promover la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de las capacidades de la población, la cohesión social y la responsabilidad ciudadana. Al igual que otras políticas públicas, su esencia está en considerar a las personas como el principio y fin de todos los esfuerzos de la sociedad, y, a la familia, como la base que sustenta las relaciones de convivencia más elementales.
Las políticas sociales efectivas se caracterizan por tener metas de mediano y largo plazo, ser integrales y evolucionar según las demandas de la sociedad en diferentes tiempos y contextos. Por lo general, el diseño de una buena política social contempla orientaciones y acciones en tres componentes: 1. La protección social, para asegurar un nivel básico de bienestar que contribuya a potenciar el desarrollo de las personas, particularmente de aquellas en situación de vulnerabilidad económica o social; 2. Las políticas sectoriales de desarrollo humano, que están enfocadas en universalizar la cobertura y calidad de los servicios de salud, nutrición, educación e infraestructura básica, y, 3. Las políticas de promoción social, las cuales se concentran en mejorar el acceso de las personas a empleo e ingresos a través de la capacitación laboral, el fomento del emprendimiento y el acceso a financiamiento y asistencia técnica para impulsar la micro, pequeña y mediana empresa, entre otras medidas.
En El Salvador, la política social ha venido ganando mayor peso e importancia desde principios de los años Noventa. Los esfuerzos más claros en esta dirección se han materializado a través de la ejecución de las reformas a la educación, la aprobación de la ley de creación del Sistema Nacional de Salud, la implementación del programa Comunidades Solidarias (antes Red Solidaria) y los esfuerzos recientes que buscan la conformación de un Sistema de Protección Social. La inversión social pública ejecutada, sin contar el pago por pensiones, ha aumentado de US$683.6 a US$1,847 millones de 1999 a 2012.
Aunque hay algunos avances en esta materia, basta con mirar el indicador oficial de pobreza (34.5% de los hogares en 2012), visitar el área rural –especialmente las zonas remotas–, cruzar la capital en un bus local o conversar con otros para concluir que hace falta mucho por hacer para lograr un nivel satisfactorio de progreso social y asegurar que éste es irreversible.
A los ciudadanos nos corresponde enjuiciar hasta qué punto los esfuerzos gubernamentales han sido suficientes para lograr que muchas familias no sólo encuentren algún alivio a su condición económica precaria, sino también puedan encontrar las oportunidades para salir de la pobreza de manera permanente. A nosotros nos corresponde valorar si la política social, como ha sido implementada, ha logrado balancear adecuadamente las acciones de protección social con las de promoción del empleo, y si, además, éstas han sido articuladas con una política económica que promueva la inversión y el crecimiento. Si la economía está creciendo muy poco, los ingresos por la vía de impuestos son bajos, y, por ende, los fondos para inversión social son limitados. Cabe entonces preguntarse si los recursos públicos disponibles son, al menos, asignados eficientemente.
Yo no sé cómo valora usted, amigo lector, la política social, pero podemos conversar sobre este asunto haciendo de lado los sesgos políticos que abundan en un contexto electoral. Ya es tiempo de que reine el pragmatismo y los salvadoreños busquemos acuerdos de país sobre la política social y su sostenibilidad. A todos nos concierne insistir sobre este punto.
*Columnista de El Diario de Hoy. Twitter: @hmarchelli