La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitió la semana pasada una sentencia en relación al nombramiento de David Victoriano Munguía Payés y el general Francisco Ramón Salinas, en la que declaró inconstitucional su designación al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Policía Nacional Civil, respectivamente. En términos sencillos, la resolución argumenta que Munguía y Salinas están inhabilitados para conducir el aparato de seguridad pública, ya que su formación y trayectoria profesional son eminentemente militar y, por lo tanto, su participación va en contra del espíritu de los Acuerdos de Paz y, en consecuencia, de la Constitución de la República, en la que se establece una categórica y expresa separación de la seguridad pública y la Institución castrense.
El fundamento de la resolución de la Sala está en lo correcto, en el sentido que ninguno de los exfuncionarios cuenta con formación técnica relacionada a la seguridad pública y, como resultado, han intentado imprimir una idiosincrasia inadecuada en las instituciones a las que fueron asignados. Ambos, Munguía y el general Salinas, llegaron a sus puestos acompañados de sendos séquitos de coroneles, mayores, tenientes y suboficiales activos. Éstos, a su vez, conformaron cerrados círculos de confianza alrededor del ministro y director, desempeñándose como sus principales asesores y asistentes, encargados de tareas clave en la planificación y dirección del aparato de seguridad. Los exfuncionarios, a diferencia de muchos otros que han pertenecido a la Fuerza Armada en el pasado, nunca tuvieron formación o se desempeñaron en tareas de seguridad pública. Aún antes de los Acuerdos de Paz, la Escuela Militar seleccionaba a cadetes idóneos para que terminaran su proceso de formación en academias de policía del exterior, reconociendo tácitamente que los mandos de seguridad pública deben de contar con un adiestramiento diferente. Munguía y Salinas no fueron escogidos para este tipo de formación y, por lo tanto, nunca se desempeñaron en cuerpos de seguridad. Su total desconocimiento son parcialmente responsables de la comisión de los peores errores en la historia contemporánea de la seguridad pública en El Salvador. Este punto resulta más comprensible empleando carreras más relacionables para explicarlo. Un ingeniero químico, por ejemplo, sería el candidato apropiado para manejar una planta de producción en la que se manipulen químicos. Un ingeniero civil, por otro lado, no manejaría bien la fábrica, ya que su especialidad es la construcción de edificaciones. Ambas carreras tienen muchas semejanzas, pero también marcadas diferencias. Similarmente, en el ámbito de la seguridad, existe la seguridad pública, que está asociada con el combate de la criminalidad, y la seguridad nacional, que está relacionada exclusivamente con el tratamiento de amenazas y agresiones contra la soberanía de la república. Aunque comparten conceptos similares, existen divergencias diametrales entre el contrastar las dos funciones, que las hacen incompatibles.
La literatura criminológica que aborda el tema, argumenta que las Fuerzas Armadas mejor adiestradas para labores de defensa no poseen las cualidades necesarias para desarrollar satisfactoriamente tareas de seguridad pública, y las que son sometidas a entrenamiento para desarrollar tareas de seguridad pública, pierden las cualidades necesarias para desempeñar de forma ejemplar las labores de defensa. Explican los académicos que han estudiado el tópico que los políticos que emplean a sus ejércitos en tareas de seguridad pública, generalmente lo hacen con el objetivo de explotar la excelente percepción ciudadana de la que gozan las instituciones castrenses y que la nueva misión tiene efectos nocivos para éstas, dejándolas débiles.
La resolución de la Sala representa una oportunidad para que la Institución castrense deje de ser utilizada como un comodín que el mandatario de turno instrumentaliza para acumular réditos políticos, en detrimento del prestigio institucional militar, y que emplean para esconder y perpetuar importantes deficiencias en el aparato de seguridad pública.
*Máster en Criminología
y Ciencias Policíacas
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