Recientemente se conoció el caso de la presidenta de Costa Rica sobre el uso gratis de un avión privado para viajes que realizó a Venezuela y Perú. Eso ha desatado un escándalo que ya hizo rodar varias cabezas en su gabinete y la ha obligado a dar explicaciones públicas.
De manera sorprendente, el manejo del tema, al menos como lo conocemos por los medios de comunicación, está centrado en que el dueño del avión resultó ser alguien asociado al narcotráfico y pareciera no cuestionarse el hecho de que ella haya recibido regalos cuantiosos de privados, como podría ser el uso gratuito de un jet.
No cabe duda de que la pertenencia del avión a una persona de dudosa reputación es un riesgo para la presidenta, pero ese en todo caso es un agravante del problema central, cual es el que un presidente de la república pueda, sin que esto cause la menor duda moral, recibir de “empresarios amigos” “regalos” de esa magnitud.
En El Salvador, en el 2011 tuvimos un caso parecido, solo que acá no se hizo pública la identidad del amigo del presidente que le prestó su jet. Bastó que Casa Presidencial dijera que no se habían usado fondos públicos y ya, se acabó la discusión. No tuvimos renuncias y menos cadenas nacionales para explicar el proceder del presidente y tal como lo plantea la presidenta de Costa Rica, pareciera que entre ellos, los presidentes, el que le regalen el uso de un avión jet no tiene problemas, el problema es si su amigo resulta ser narcotraficante o vinculado a delitos.
Nuestras leyes presumen que existe algo indebido si el regalo, la dádiva o lo que sea excede lo razonable, es decir un bolígrafo con membrete no es malo, pero un juego de plumas de oro sí. Ya no se diga un vuelo en jet. Asumo que algo parecido deberá existir en la legislación de los otros países.
Mala señal la verdad, y esto no hace más que confirmar algo que desde años hemos venido sosteniendo: nuestra sociedad está como está porque desde la raíz, es decir los valores del individuo, existe un trastoque en ellos. La obligada extrapolación entre que un presidente reciba una desproporcionada dádiva de un amigo, pasando por usos indebidos de fondos públicos secretos o no, incapacidades en el cumplimiento de sus funciones o más grave aún, la discrecionalidad de los funcionarios ante la ley, sirven a su vez de “justificación” para algunas personas para no pagar impuestos, para violar leyes de tránsito, laborales u otras, para incumplir sentencias o contratos y, por supuesto, para cometer delitos.
Es decir, nos enfrentamos a algo que bien podríamos denominar un extendido relativismo moral, sin poder asumir siquiera la existencia de valores básicos en estos sectores.
Ojalá nuestros líderes lleguen algún día a comprender que a ellos les toca dar el ejemplo, necesitamos presidentes honrados, que además lo demuestren. Que exijan por qué se autoexigen y puedan hacer valer una sociedad de derecho y legalidad. Así los diputados, alcaldes, jueces y demás funcionarios públicos medirán sus acciones, serán más estrictos en sus cánones morales, pues sabrán que la vara con la que los medirán, como dice la Biblia, será de una cuarta más de la que usaron.
Sirva este incidente de los aviones como un llamado: la cosa pública requiere respeto, justamente porque no le pertenece a los funcionarios, sino a quienes se suponen que le sirven, al pueblo.