Una fecha simbólica para la transparencia

descripción de la imagen
El lunes la comuna envió al CAM a clausurar un negocio, pero fue abierto ayer, tras el pago de la licencia, confirmó el edil Rosales. Foto EDH / Francisco Torres

Por Por Claudia Umaña Araujo*

2013-05-14 6:03:00

En el marco de la celebración del segundo aniversario desde la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP, el Grupo Promotor convocó a diferentes actores de la sociedad civil para tener la oportunidad de medir el avance de la implementación de la Ley y su impacto en la apertura a la información pública.

La nota positiva es que ya se cuenta con comisionados del Instituto, nombrados y juramentados luego de sortear varias adversidades, los cuales fueron invitados al evento. Este Instituto recibió el apoyo de la sociedad civil, sectores académicos y organismos internacionales. Pero para su fortalecimiento, se requiere un verdadero impulso gubernamental, que a la fecha se ha caracterizado por sus tácticas dilatorias.

Se tuvo la oportunidad de escuchar directamente de los comisionados palabras que dan motivos para ser optimista: “Estamos trabajando artesanalmente sin recursos financieros, pero contrario de asustarnos o amilanarnos nos anima…como Instituto queremos ser ‘sal y luz’ del Derecho de Acceso a la Información”. Es interesante ver el espíritu y ánimo de trabajo, así como la cohesión de los integrantes, que al día de su nombramiento apenas y se conocían.

Esta institución nace como tabla rasa, sin cargar con la pesada cultura burocrática de otras instituciones: está todo por hacerse pero todavía muy fresco el ideal que se persigue. Deben ser los abanderados de una herramienta muy poderosa para fortalecer la democracia a través de una mayor rendición de cuentas, así como facilitar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los salvadoreños.

Es obvio que es un momento crucial para esta institución, puesto que hay grandes expectativas sobre su desempeño. Pero debe reconocerse que no sólo con buenas intenciones se producen cambios a una cultura de secretismo, que tanto ha prevalecido desde los inicios de nuestra República. El Gobierno central había dispuesto en el Presupuesto Nacional de la República un monto de $ 991,300, el cual aún no les ha sido asignado. Citando a uno de los comisionados: “Ahora que por fin estamos conformados como Instituto, esperamos no ser un recién nacido abandonado”. Hasta ahora ha estado marginado a través de restricciones económicas que le impiden empezar a operar razonablemente. Es más fácil que la presidencia decida comprar 10 aviones de guerra que apoyar en forma decidida a este nuevo ente.

El Instituto, además de armar un plan de organización y una ruta crítica para sus primeras actividades, deberá manejar un posicionamiento como actor relevante en la agenda de transparencia nacional. Esta labor no es nada fácil con las amarras económicas iniciales. A pesar de su actual precariedad, ya es una Institución que está recibiendo solicitudes y peticiones, cuenta con 11 procedimientos en apelaciones y 3 denuncias en contra de municipalidades.

Se debe hacer una fase de transición para asegurar el buen funcionamiento del Instituto, pero las justificaciones de la Presidencia de la República para no trasladar los fondos y mantenerlos en su custodia son evidentemente motivos de retardo para evitar que en su gestión entre a funcionar a plenitud. Es ahora el Instituto que debe promover la cultura de transparencia tanto en las entidades de gobierno, en todos sus niveles, como ante los ciudadanos. El Instituto deberá organizar talleres, conferencias y seminarios que difundan los derechos y obligaciones de la Ley.

Esta semana se llevará a cabo un Seminario de Acceso a la Información Pública en El Salvador, en el cual se contará con delegados internacionales. El Ejecutivo tendrá la oportunidad de demostrar su compromiso con la transparencia trasladando los fondos. Un par de recomendaciones: 1) Valorar cómo se le puede exigir a una institución nueva que construya infraestructura institucional sin que tenga para papelería. 2) Además de los fondos en custodia, que se traslade el 50% de los recursos humanos y financieros de la Subsecretaría de Transparencia, cuya labor ha sido muy cuestionada por su falta de independencia.

Urge que se pase de las palabras a los hechos.

*Columnista de El Diario de Hoy.