La millonaria deuda que el gobierno mantiene con las empresas que le proveen bienes y servicios para operar de manera efectiva, en su mayoría micros, pequeños y medianos empresarios, indudablemente profundiza la deprimida situación fiscal, aumenta el desempleo y promueve la pobreza en nuestro país.
En la medida que estas empresas no reciben oportunamente los ingresos correspondientes a sus ventas, se han visto forzadas a la supresión de plazas, algunas no han podido soportar las pérdidas y han tenido que cerrar operaciones. Esta situación ha creado un verdadero drama humano, se ha agravado la crisis fiscal y finalmente han comprometido el crecimiento económico del país. Todo por la irresponsabilidad del gobierno de no honrar sus deudas.
La falta de pago a proveedores, que según organizaciones empresariales supera los $100 millones, perjudica en todo sentido el ritmo económico nacional. A esto debemos agregar que el despilfarro ha llevado al Estado a ni siquiera tener fondos para pagar servicios básicos, como el agua y la electricidad.
Es intolerable el gasto millonario en campañas publicitarias y que se jacten de haber entregado los uniformes escolares, cuando la realidad es que los zapateros, costureras, sastres y distribuidores de papelería que proveyeron calzado, uniformes y paquetes escolares a los centros educativos, todavía están esperando que el Ministerio de Educación les pague.
Estamos ante un panorama que se repite, además, en áreas sensibles como la salud, debido a que los hospitales enfrentan dificultades para solventar responsabilidades con los proveedores de medicamentos y de insumos necesarios para realizar cirugías, afectando directamente la atención de los pacientes.
Pero es más delicado aún, que en un país como el nuestro, con altos índices delincuenciales, el gobierno no preste la debida atención a la seguridad pública. Un informe financiero de la Policía Nacional Civil (PNC), revelado recientemente, expone que la corporación policial adeuda $ 1.9 millones a los propietarios de 370 casas utilizadas para el funcionamiento de delegaciones, divisiones y puestos policiales en todo el país, y $ 650,000 por el servicio de empresas telefónicas y de distribución de energía eléctrica.
Aparte del retraso en el pago de salarios y bonos para alimentación con el que deben convivir los más de 20 mil elementos policiales, llamados a garantizar la seguridad de los salvadoreños en condiciones nada adecuadas.
Según el presidente de la República, estos son temas sobredimensionados y opta por exponer que “un gobierno quebrado no tiene con qué trabajar y nosotros estamos trabajando”. Pero trabajar aprovechándose de la necesidad y con el sudor de los más pobres, timarlos y no pagarles es una actitud intolerable y al mismo tiempo condenable.
Al gobierno parece no interesarle que los altos precios de la harina de trigo ahogan a los panaderos, que han visto incrementar de $ 9.60 a $ 21 la bolsa de 50 libras y muchos analizan como opción el cierre de sus negocios al no obtener ninguna rentabilidad por los altos costos.
Entonces, no debemos ver como novedad que en el “Doping Business”, del Banco Mundial, que mide las facilidades para hacer negocios, El Salvador haya caído 38 posiciones entre 2006 y 2012.
Mientras el gobierno de la república mantenga sus políticas públicas, promueva el despilfarro, continúe en el desordenado gasto excesivo, se siga aprovechando de los más débiles y no les pague por los bienes y servicios brindados al Estado y siga violando el compromiso adquirido de recortar gastos que permitan una sostenibilidad fiscal, no cabe duda que cada día seremos testigos del cierre de más fuentes de trabajo en lugar de aquella prometida fábrica de empleo.
La única esperanza que nos queda a los salvadoreños es promover un verdadero cambio, sumarnos al futuro y recuperar a nuestro querido El Salvador en el 2014.
*Diputado Presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa.