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A un año de la legislatura 2012-2015

Por Por Luis Mario Rodríguez R.*

May 04, 2013- 18:05

Celebramos esta semana el primer aniversario de la legislatura 2012-2015. Es una buena ocasión para que los ciudadanos recuerden las promesas de campaña, confirmen su cumplimiento, señalen el retraso y auditen el respeto por parte de los legisladores a los principios democráticos.

Por encima de todas las ventajas del nuevo mecanismo de votación por persona se ubica la posibilidad de pedir cuentas al elegido. Esa contraloría social no debe esperar hasta la víspera de las próximas elecciones en 2015. La oportunidad es ahora y con ella se impone la obligación de felicitar a los responsables, demandar a los mentirosos y de advertir a los tibios que aún hay tiempo para rectificar.

Son tres los aspectos que destacan durante los últimos doce meses: el papel de la Asamblea en la crisis institucional, los avances en la reforma política y la discusión de las leyes de inversión. Los casos de transfuguismo no deben incluirse en la lista de fracasos o logros, porque esa conducta si bien afecta a la política como un todo y traiciona a la voluntad popular, es imputable a un individuo y no a la Asamblea en su conjunto ni a un partido en específico.

Ciertamente este ha sido un “año negro” para el sistema político. Los intentos por desarticular a la Sala de lo Constitucional, el incumplimiento de sus sentencias y la equivocada decisión de acudir a un tribunal centroamericano para que conociera de asuntos que no son de su competencia, marcaron un debut nada halagador para quienes han sido los protagonistas de estas acciones. Las encuestas de opinión pública fueron contundentes en contra de quienes arriesgaron la gobernabilidad democrática.

A los entrevistados por la empresa Mitofsky se les consultó entre julio y agosto de 2012, el grado de importancia del conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional. Un 53% de las respuestas confirmó que el conflicto fue muy importante, frente a un 29% que lo calificó como poco importante. Como responsable de la crisis, los ciudadanos identificaron a los partidos políticos y a la Asamblea Legislativa con un 41% frente a un 20% que atribuyó el problema a los integrantes de la Sala.

En los últimos procesos electorales, tanto presidenciales como legislativos y municipales, los resultados han sido muy estrechos. Eso significa que el ganador obtuvo el triunfo por muy pocos votos. Ante esa realidad, que aparentemente continuará presentándose en los próximos eventos, cualquier hecho político, por irrelevante que sea, podría inclinar la balanza a favor o en contra de uno u otro competidor. Si se trata de un acontecimiento grave, caracterizado por un total irrespeto a la Constitución y a la ley, entonces es bastante probable que los resultados en las elecciones no le sean favorables a quienes hayan mostrado ese tipo de conducta antidemocrática.

En contraste con la crisis institucional, que representa un serio déficit de la Asamblea Legislativa durante este primer año de gestión, los diputados avanzaron notablemente en materia de reforma política. Ciertamente el progreso en esta área es relevante y así debe reconocerse. Independientemente si los diputados actuaron motivados por la presión ciudadana o por la amenaza de nuevas inconstitucionalidades que les señalarían sus omisiones, los legisladores le dieron al país un mecanismo permanente para continuar aplicando el voto por persona, abrieron la pluralidad en los Concejos, extendieron la posibilidad del voto hacia los salvadoreños en el extranjero y aprobaron la ley de partidos políticos. A esta explosión de reformas debe agregársele la implementación del voto residencial a nivel nacional.

Con excepción de la ley de partidos, que se quedó corta en materia de fiscalización del financiamiento político, en la promoción de la democracia interna y en las obligaciones de transparencia, el resto de medidas representa una evolución muy significativa para el sistema electoral. El reto ahora es otorgar el presupuesto necesario al TSE para su debida y oportuna implementación. Lamentablemente las primeras señales no son nada alentadoras y por el contrario hacen presumir que existe un propósito escondido para evitar el uso de estas nuevas herramientas por parte del electorado. Tómese como un ejemplo las dificultades que está enfrentando la Ley del Voto desde el Exterior.

Con el Asocio para el Crecimiento El Salvador encontró la única oportunidad seria de continuar avanzando en materia económica. El éxito de este proyecto depende en gran medida de la aprobación de varias leyes que fomentan la inversión. Hasta ahora el progreso ha sido lento y el apoyo partidario preocupante. El proyecto de Ley de Asocios Público-Privados ha protagonizado un debate ideológico que pretende inducir la discusión hacia el polémico tema de las privatizaciones. Esta también es una deuda de la actual legislatura.

*Columnista de El Diario de Hoy.

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