Como país no hemos aprendido la lección del desgaste que provoca el estar en conflicto, creo que los diputados que eligieron por segunda vez a los magistrados de la Corte de Cuentas no han calculado el coste económico que traerá nuevamente para el país el hecho de no respetar un fallo del máximo tribunal de justicia. Lo primero que se verá afectada es la inversión extranjera y lo segundo son los organismos internacionales ya que volverán a poner trabas para dar ayuda y gestionar préstamos internacionales.
De manera que la refriega de estos diputados no es entre derecha e izquierda, entre lo bueno y lo malo, o entre la unidad y la división. Aquí el problema es de consolidación de poder y de control absoluto de ciertas instituciones del Estado que son clave, para que no surja la persecución de ciertos actos de corrupción que se dieron en el pasado y que se siguen dando. Lo cierto es que debemos de aprender a distinguir entre la decencia y la indecencia entre lo legal e ilegal.
Ya que no se puede continuar interpretando la Constitución al antojo de unos cuantos que por años han tenido secuestrada la democracia, colocando en el poder nada mas a sus alidadas y correligionarios, para poderlos manipular a su antojo en función de sus intereses, pero que es diametral a los intereses del pueblo salvadoreño. Funcionarios que no contratan a nadie dentro de sus instituciones si no le piden permiso a los que los eligieron. Entonces ¿Que imparcialidad habrá si este es el “modus operandi”?
Es de aclarar que la Corte de Cuentas, con mucho respeto no es la Alcaldía Municipal de Candelaria de la Frontera que tiene una población de 22,686 habitantes, la función de la Corte de Cuentas es la fiscalización de la Hacienda Pública en general, por ende es la que vigila la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos. Además es la que vigila las cuentas de los funcionarios que manejan bienes públicos, entre otras funciones.
De modo que sobre la Corte de Cuentas recae la responsabilidad, que ningún funcionario público se extralimite en el uso de los fondos públicos, dado que audita más de de 8,000 millones de dólares al año. Por consiguiente la elección de estos magistrados no se puede tomar a la ligera como tampoco se debe de elegir por compadrazgo, las personas que van a ostentar esta magistratura deben de ser honestas comprobadamente según su curriculum y por referencias laborales y personales.
Pero si los que se van a elegir a magistrados son personas que un día antes de su elección renunciaron a su partido político para ostentar ese puesto, desde ahí ya no merece que se les tome en cuenta, porque no tienen firmeza en sus convicciones, ya que han sido movidos por un interés económico. Además de estar consientes que se están burlando de la Constitución, porque no cumplen con la independencia partidaria tal como lo enuncia la resolución de la Sala.
Otro aspecto que debe de ser insoslayable es la competencia notoria, lo que significa que para ser magistrado en la Corte Cuentas, se debe de ser Contador Público Académico, y no abogado como los son la mayoría de los elegidos. Tal como lo establece la ley del ejercicio de la contaduría pública. Por su categoría de auditores, así como se requiere que para ser magistrado de la CSJ, sea abogado.
*Catedrático de la Universidad Francisco Gavidia. Colaborador de El Diario de Hoy.
jaimeramirez_ortega@hotmail.com