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El origen político de los problemas económicos

Por Por Manuel Hinds*

Abr 04, 2013- 19:04

Varios sectores de la sociedad se han dado a la tarea de pensar qué medidas económicas podrían tomarse para atraer la inversión y reactivar el crecimiento económico, posibilitando así el aumento en el empleo y el desarrollo social del país. El enfocarse sólo en las dimensiones económicas da una perspectiva parcial del problema y distorsiona las soluciones posibles, orientándolas por el camino equivocado. Un ejemplo clarísimo de este error es la ley que se está preparando para dar seguridad jurídica a los inversionistas, en cuyas discusiones se ha propuesto que el gobierno ofrezca a estos la posibilidad de no subirles nunca los impuestos.

Por supuesto, esta ley sería una monstruosidad jurídica. Iría contra el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, ya que después de cualquier aumento en los impuestos en el país unos pagarían más del mismo impuesto que otros. Aún más, la ley propondría hacer este ofrecimiento sólo a los inversionistas y no a la gente corriente, con lo que se violaría el mismo principio en otra dimensión. Para que fuera equitativo, el gobierno debería de asegurar a todos que no les va a subir nunca los impuestos, lo cual quizás no sería una mala idea viendo cómo los políticos usan el dinero del pueblo para pagarse lujos y para crear redes de clientelismo. Al fin y al cabo, los países desarrollados se desarrollaron con cargas fiscales que eran como la mitad o la tercera parte de la carga que tenemos en El Salvador.

Pero para que la promesa de no subir nunca los impuestos tuviera un poco de credibilidad tendría que ponerse en la Constitución, ya que si se hace con una ley secundaria puede ser derogada con otra ley secundaria. Pero, más fundamentalmente, el problema es que aún si la Asamblea se pone de acuerdo en dos legislaturas seguidas con las mayorías requeridas esta reforma constitucional no aumentaría en nada la seguridad jurídica, para la inversión o para nadie, en el país. La seguridad jurídica no tiene nada qué ver con promesas de no subir jamás los impuestos. Se obtiene sólo con el cumplimiento de las leyes y especialmente con los debidos procesos. Los inversionistas no esperan en ninguna parte civilizada del mundo que nunca les vayan a cambiar los impuestos, sino que si se los cambian se haga con el debido proceso constitucional y a todos por igual. Y el tema de los impuestos es sólo una parte de lo que es importante para proveer la seguridad jurídica. Hay muchos temas más, en lo económico y en lo no económico, que tienen que ver con las empresas algunos y con la ciudadanía también. Al fin y al cabo la seguridad jurídica es indivisible, no puede darse para unos y no para otros.

La seguridad jurídica se ve violada cuando las leyes crean privilegios o cuando se aplican de acuerdo a privilegios, es decir, cuando los beneficios de la ley se dan sólo a ciertos grupos y cuando los castigos de la ley se aplican sólo a ciertos grupos también. La fuente de inseguridad jurídica puede ser privada –como en los casos de corrupción de los jueces– y pública, cuando el gobierno abusa de sus poderes y se niega a cumplir contratos como está haciendo este gobierno en el caso de la Enel. El daño que el gobierno le está haciendo a la seguridad jurídica del país al comportarse arbitrariamente es gravísimo, ya que lo que divulga nacional e internacionalmente es precisamente que aquí en el país el gobierno no respeta ni la ley ni los contratos. Luego de hacer esto, puede emitir todas las leyes para promover la inversión que quiera y será difícil conseguir que la gente invierta y haga crecer la economía porque, ¿de qué sirve prometer más cosas si el que las promete no cumple sus promesas? Esta es la reputación que este gobierno nos está dando. Esto es lo que hay que cambiar.

*Máster en Economía,

Northwestern University.

Columnista de El Diario de Hoy.

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