l periódico argentino, “El Clarín”, publicó esta semana una noticia que me pareció sumamente interesante para quienes luchan contra la corrupción: el exdirector de Siemens, Uriel Sharef, acordó pagar 275 mil dólares para terminar con el juicio que la Securities and Exchange Comission inició contra él, en Estados Unidos, por sobornar en Argentina a los funcionarios encargados de poner en marcha el nuevo documento nacional de identidad.
Según la información de “El Clarín”, Sharef y otros ocho exejecutivos de Siemens fueron acusados de pagar más de 100 millones de dólares en sobornos a los expresidentes Carlos Menem, Fernando De la Rúa y a varios ministros de Estado con el fin de que se les adjudicara la licitación, por más de mil millones de dólares, para la fabricación de los documentos de identidad personal y la informatización de los controles de frontera.
Una multa y condena fueron aplicadas a Siemens, con sede en Munich, cuando se declaró culpable, en 2008, de violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos y debió pagar mil 600 millones de dólares para terminar los juicios en su contra iniciados en Alemania y Estados Unidos.
Este es un buen ejemplo de lo que pueden hacer los estados para defenderse de la corrupción. Leyes claras y contundentes, instituciones fuertes que puedan darles cumplimiento, es el presupuesto para que los transgresores, los corruptores y los corruptos puedan ser llevados al banquillo de los acusados y recibir condenas acordes con su delito.
No sé si alguna vez tendremos en El Salvador las condiciones, la fuerza y la voluntad para echar andar leyes de este tipo y, sobre todo, funcionarios probos, con fuerza moral suficiente, que acusen y condenen a los corruptos y a los corruptores por igual. Si la memoria no me falla, no creo que existan en el país —no los casos de soborno—, sino del enjuiciamiento y condena de funcionarios por esta práctica ilegal.
Esperemos que alguna vez el país pueda ponerse en línea dura contra el soborno; hay mientras tanto, otras cuestiones que sí están más o menos en las manos de los actuales funcionarios y que pueden allanar el camino para evitar la corrupción, lo cual tiene que ver con la transparencia. Tanto Francia como España nos están dando ejemplos de algunas procesos que no requieren de grandes decisiones legislativas, que deriven en leyes ni mucho menos en complicaciones jurídicas, simplemente se trata de poseer la voluntad política para ponerlas en funcionamiento; es más, con un poco de decencia sería suficiente.
En España, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció recientemente que la Iglesia, como institución, entrará en la Ley de Transparencia, y esto es así porque recibe fondos públicos. La posibilidad de que el Gobierno incluya a la Conferencia Episcopal en su Ley de Transparencia, tal como lo consigna el periódico español “ABC”, fue bien recibido por el portavoz de los obispos, quien aseguró que la “transparencia es el modo de actuar de la Iglesia con el dinero. Estaremos en lo que dispongan las leyes”.
Es más, en esta lógica, la monarquía, incluido el Rey y toda la familia real, claro está, tendrían que rendir cuentas a la opinión pública; en algunas instancias ya se hace, como debe ser.
En Francia, las cosas han ido más allá, tras el escándalo causado por el exministro de Presupuesto, Jérome Cahuzac, acusado de fraude fiscal tras confesar que posee una cuenta no declarada en el extranjero; los 37 miembros del Ejecutivo, han hecho público el patrimonio personal de cada uno y lo “han subido” a la web.
La iniciativa de publicar el patrimonio fue un mandato del presidente Francois Hollande, junto con una serie de medidas suplementarias de anticorrupción para luchar contra la “delincuencia económica y financiera”. Esto sobrevino después de que Cahuzac confesara poseer, desde hace dos décadas, unos 770 mil dólares en una cuenta en Suiza que habría trasladado después a Singapur, mientras el gobierno asediaba a los franceses que poseían cuentas secretas en el extranjero para no pagar impuestos.
Hacer esto en nuestro país no sería complicado ni difícil y, de lograrse, daría mucha altura moral y política a los actuales funcionarios que, desde el inicio del “gobierno del cambio”, se han mostrado como probos, transparentes y dispuestos a hacer las cosas de cara al sol.
La pregunta por ahora es: ¿Volverán ellos a sus trabajos originales y al estilo de vida que tenían antes de ser funcionarios de gobierno?
*Editor Jefe de El Diario de hoy.
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