La demanda de inconstitucionalidad que el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones interpuso contra los artículos de la Ley del Sistema de Ahorros de Pensiones y de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en los que se basa una grotesca discriminación gubernamental contra los futuros pensionados es un paso crucial en el desarrollo de nuestro país.
Es importante no sólo para los futuros pensionados sino también para la sociedad en general, para toda la gente que paga impuestos y cotizaciones del Seguro Social y no recibe servicios de salud, ni servicios adecuados de educación, y son maltratados en cualquier oficina de gobierno, y para todas las personas naturales y jurídicas que tienen que pasar por trámites burocráticos absurdos que les consumen tiempo y recursos que les restan de sus actividades económicas y les bajan su eficiencia. Y para todos los que soportan el abuso del poder de los funcionarios que están allí por los votos de la ciudadanía.
Esta demanda es tan importante porque demuestra que al fin estamos entendiendo el sentido práctico de ese dicho tan común: que cada país tiene el gobierno que se merece. Este dicho se comprueba prístinamente al comparar a los países desarrollados con los subdesarrollados (por razones políticas llamados en desarrollo, aunque no estén desarrollándose) en términos de la calidad de sus regulaciones y de la eficiencia de sus instituciones. En los países desarrollados las leyes se hacen en beneficio de los ciudadanos, no de los políticos, las instituciones funcionan eficientemente, y hasta la actitud de los políticos es diferente.
Mientras que en esos países los políticos muestran respeto hacia los ciudadanos cumpliendo las leyes, en los países subdesarrollados como el nuestro se sienten orgullosos de no cumplir las leyes, ni siquiera los reglamentos de tránsito, porque, según ellos, el no cumplirlas demuestra que son poderosos. Como en las barriadas, el estar sobre la ley es la marca del poder.
Esta visión subdesarrollada del poder es característica no sólo de los líderes sino del gobierno mismo, ya que los que están en el gobierno se miran a sí mismos como los que mandan y a los ciudadanos como los que tienen que obedecer, mientras que en los países desarrollados los que mandan son los ciudadanos y los políticos los que obedecen. Y, cuando el gobierno tiene que prestar un servicio, los funcionarios públicos creen que es un favor que le hacen a los ciudadanos. Por eso, los servicios prestados por las instituciones públicas son tan malos, por eso los funcionarios que los prestan son tan malcriados, y por eso es que si no los prestan ven las consecuencias con gran indiferencia. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ni se inmuta porque en el Hospital Rosales ya no tienen las medicinas más básicas, al punto de que ha tenido que suspender las operaciones porque no hay anestésicos.
Igualmente, el gobierno paga 1.37 por ciento anual de interés en los bonos que compran los que ahorran para sus pensiones mientras que paga 7 por ciento a los demás compradores de bonos. ¿Y por qué esta discriminación? Porque los futuros pensionados están obligados por ley a comprar los bonos del gobierno y el gobierno anterior decidió que quería bajarse los costos financieros para poder gastar más en proyectos populistas. Por supuesto, los otros ahorrantes no compran los bonos si no les pagan una tasa de mercado. Este abuso no habría pasado en un país desarrollado porque los futuros pensionados se hubieran organizado y hubieran demandado al gobierno por violar sus derechos constitucionales de libre contratación, de inversión y de propiedad.
Esto es lo que el Comité Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones ha hecho. Esto es lo que los usuarios de los servicios del gobierno deberían de hacer. Si los ciudadanos comienzan a reaccionar así, los servicios públicos comenzarán a subir de calidad y eficiencia, y tendremos y nos mereceremos un mejor gobierno.
*Máster en Economía,
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy.