Venezuela: el espejo para Centroamérica

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Oezil con dos goles y Benzema con uno, vencieron al Betis este sábado. Foto EDH/ Reuters

Por Por Luis Mario Rodríguez R.*

2013-04-20 6:03:00

La democracia es algo más que elecciones, pero también las elecciones periódicas, libres, competitivas y justas son fundamentales para que haya democracia. Sin este tipo de instrumento, los ciudadanos no podrían traducir su voluntad en votos y en consecuencia no contarían con representantes al interior de la Asamblea Legislativa ni intervendrían en la elección del Presidente de la República. En otras palabras, no habrían mecanismos para configurar la denominada democracia representativa en la que los votantes depositan el poder político en la figura de los funcionarios de elección popular.

Por eso la reivindicación que hace el oficialismo venezolano de los dieciocho procesos electorales a los que se ha sometido en los últimos catorce años del chavismo. Ciertamente el fallecido presidente puso a prueba la continuidad de su proyecto político durante varias ocasiones y en todas ganó y de una manera mucho más holgada que su heredero Nicolás Maduro. También introdujo la figura del referéndum revocatorio en la Constitución bolivariana, a la que él mismo se sometió y a la que probablemente deba sujetarse su sucesor, con el propósito que los ciudadanos acuerden la continuidad o el fin de su mandato tres años antes que concluya el período presidencial para el que fue electo.

El debate sobre la credibilidad del sistema de captación, transmisión y totalización de votos utilizado por la autoridad electoral venezolana continúa generando dudas sobre la legalidad de los resultados. Sin embargo los expertos confirman que es muy difícil la posibilidad de fraude porque además del registro electrónico, las máquinas imprimen un comprobante del voto y estos se consignan en las respectivas actas. Adicionalmente los comandos de campaña de cada uno de los partidos acceden a esa información y poseen copias de esos documentos.

La discusión debe enfocarse entonces en otros aspectos. Teóricamente los sistemas electorales están diseñados para garantizar la transparencia de la competencia antes, durante y después de su realización. No basta con una impecable organización el día de las elecciones por parte de la autoridad responsable ni con la existencia de sofisticados programas informáticos que transmitan los resultados en tiempo real a partir del mismo momento en que se cierren las urnas. En el pasado reciente, cuando aún los académicos no habían fijado su atención en el uso abusivo de los recursos del Estado a favor del candidato de gobierno, se creía que el momento y la oportunidad para el fraude se presentaba únicamente en el preciso instante de las votaciones.

Ese tipo de engaño quedó atrás y ha sido sustituido por otra serie de irregularidades. Algunas de éstas siguen teniendo lugar en la misma fecha en la que se desarrolla el evento y otras ocurren con meses de anticipación. De esta manera el candidato o los candidatos oficiales, según el caso, se aprovechan de los bienes públicos que administran con el único propósito de ganar clientes que les garanticen una victoria electoral. En muchas ocasiones, las prebendas se traducen en poner al servicio de esos aspirantes los diferentes programas de asistencialismo social en los que el protagonista principal viene a ser el presidenciable, el postulante a legislador o quien corre por la silla edilicia, según el caso.

El vicio que afecta esa clase de elecciones está representado por una inmensa desigualdad en las oportunidades de los diferentes pretendientes y autoridades electorales comprometidas con intereses partidarios. Cuando se proclaman ganadores sin importar la existencia de recursos legales interpuestos para el reconteo de votos que podrían derivar en un resultado diferente al originalmente anunciado, demostrando un desprecio absoluto por la justicia electoral, no queda otra opción que calificar a ese proceso como fraudulento, inequitativo, injusto e ilegal.

La combinación de una justicia electoral ineficiente, inexistentes mecanismos de control del financiamiento de los partidos, árbitros contaminados ideológicamente y resultados estrechos entre quien gana y el que obtiene el segundo lugar, disminuyen sustancialmente la credibilidad del sistema e incentivan a los actores políticos a irrespetar las reglas del juego. Si a ese coctel se agregan otras variables relacionadas con los alarmantes índices de pobreza y de inseguridad pública, falta de crecimiento económico, corrupción galopante y ausencia de acuerdos mínimos para dar respuesta a las aspiraciones ciudadanas, tenemos el diagnóstico ideal para que el fantasma suramericano recorra también las tierras de Centroamérica.

*Columnista de El Diario de Hoy.