El mercado libre de medicamentos ha sufrido un impacto significativo a partir de la entrada en vigencia del marco legal respectivo, anunciado por el gobierno como un logro incuestionable. Los efectos inmediatos que está teniendo la polémica ley saltan a la vista en algunos casos, pero todavía no permiten medir las consecuencias que el nuevo régimen tendrá para los salvadoreños en el mediano y largo plazo. En ese horizonte, donde las brumas se mezclan con las luces y los cálculos electorales empañan las posibles buenas intenciones, la tarea de hallar la verdad se muestra especialmente ardua.
La sensibilidad ciudadana alrededor del tema habría sido “carnada” para cualquier gobierno. Los muy concretos abusos que se daban en el sector, así como las prácticas nocivas que caracterizaban a algunos de sus actores, podrían haber despertado los apetitos populistas, por igual, de la izquierda y de la derecha. Esta administración terminó haciendo lo que juzgó conveniente para regular uno solo de los efectos relacionados con el mercado de medicinas: el precio.
El problema es que en torno de la producción, distribución y comercialización de medicamentos, y para atender integralmente el derecho humano a la salud, existen al menos tres dimensiones importantes que deben conciliarse: el amplio acceso de los ciudadanos a los fármacos, la calidad del producto ofertado y los alcances de los entes encargados de velar por el cumplimiento de las reglas de juego.
La necesaria armonía de esta tríada exhibe claramente que el tema excede por mucho el asunto del precio. Para entendernos mejor, observemos la aguda incoherencia de las acciones gubernamentales para el acceso de la población a las medicinas. ¿Quiénes son los ciudadanos que, en teoría, deberían estar menos preocupados por los precios (sean altos o bajos) de los productos farmacéuticos? Los cotizantes del Seguro Social, sin duda. Ellos han trabajado su vida entera y han “pagado” por adelantado los medicamentos que ahora necesitan. Bajo este gobierno, pregunto, ¿se ha ampliado o se ha reducido el acceso de los usuarios del ISSS a las medicinas?
Una Ley General de Medicamentos que establece compensaciones estratosféricas sobre los agentes privados, pero evita ser rigurosa con el cumplimiento de una obligación estatal —también decisiva para garantizar el derecho humano a la salud—, ¿es una ley acorde al discurso moral en que se ha arropado el gobierno para intervenir el mercado?
Porque había formas de prevenir los abusos puntuales que se estaban dando en el sector y no era indispensable recurrir al perjudicial control de precios. Hace dos años, la Superintendencia de Competencia analizó varias medidas de sentido común para beneficiar a los consumidores. Si bien algunas terminaron siendo incluidas en la ley, la SC fue clara al mencionar el carácter excepcional de las regulaciones de precios, recordando que ellas, “por su misma naturaleza” (sic), limitan la competencia.
En efecto, el principio de libre elección del mercado enfatiza en la mayor pluralidad de ofertas para el consumidor. Si alguien quiere comprar una medicina cara —porque así se lo recetó el doctor, porque ha desarrollado confianza en determinada marca o por razones todavía más subjetivas—, el mercado debe permitirle esa opción, tal como debe permitírsela a alguien cuyo único criterio de elección sea el precio. El control, en definitiva, conduce a una constricción de la oferta, porque eventualmente habrá productos que ya no podrán adquirirse. ¿Y quién responde cuando un paciente reclama garantías (incluso psicológicas) que no ve en otras opciones?
Los abusos en el mercado deben castigarse, pero sin olvidar que también se abusa, en la práctica, de los consumidores a quienes se constriñe su acceso al producto que desea. Un medicamento no ofertado, a consecuencia del control de precios, es una opción menos para el consumidor de ese medicamento, que estará a merced de las alternativas que buenamente se le ofrezcan. ¿Así entendemos la justicia?
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.