La semana pasada, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública viajó a Estados Unidos con el objetivo de vender la versión gubernamental sobre la negociación entre el Gobierno y las pandillas, mediáticamente bautizada como “la tregua”. El funcionario se hizo acompañar de los usuales terceros creíbles y visitó a congresistas, tanques de pensamiento, organismos multinacionales y autoridades estadounidenses, con la finalidad de convencerlos sobre la existencia de “la tregua”, sus componentes, presuntos beneficios y proyecciones.
Según el experto en seguridad norteamericano Douglas Farah, aunque dicha comitiva fue amablemente recibida por sus anfitriones y logró exponer su versión sobre el pacto pandillero, no obtuvo los resultados que esperaba. Una reciente encuesta realizada por la empresa Consulta Mitofsky, establece que el 65% de los salvadoreños considera que lo que vende el Gobierno en relación a “la tregua” es falso y que el 63% opina que sea cual sea el trato con las pandillas, éste no está funcionando.
Al equipo salvadoreño que viajó a Washington le resultaba más fácil convencer a personas de otros países, en contextos alejados de la realidad del país, sobre los espejismos que han fabricado, que a los residentes de El Salvador, quienes viven los embates de la criminalidad a diario. Sin embargo, las contradicciones y falta de transparencia que plaga la versión oficial, hace que sea muy difícil que funcionarios, analistas y expertos extranjeros, serios y responsables, no la cuestionen.
Uno de los principales problemas de “la tregua” es que trata de vender que con sólo brindar oportunidades de trabajo a los pandilleros, éstos mágicamente dejarán de extorsionar y cometer otros delitos. Los cabecillas pandilleros han dejado claro que no tienen intención de disolver sus agrupaciones y, por lo tanto, cualquier pandillero que aproveche las oportunidades laborales, lo hará como miembro activo de su pandilla.
El empleo no es suficiente para transformar a una pandilla. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de miembros de la MS-13 tiene trabajo formal e incluso las autoridades federales han utilizado los patrones de desplazamiento geográfico de ciertas industrias para rastrear la expansión territorial de la estructura criminal. A pesar que tienen un empleo, estos pandilleros continúan involucrados en una amplia gama de delitos graves.
Bajo ciertas condiciones, los pandilleros pueden utilizar sus empleos para obtener beneficios en favor de su agrupación y abrir la puerta para que ésta incursione en el mundo de negocios lícitos y, en consecuencia, se aventure a una nueva forma de direccionar la comisión de delitos.
En algunos lugares de San Salvador, por ejemplo, en donde los pandilleros han puesto panaderías, obligan a los residentes a comprar su producto. En otros, la pandilla ha monopolizado la distribución de ciertos bienes, forzando a las tiendas a comprarles a ellos y, paralelamente, haciendo que su competencia cierre. Esta semana, un periódico nacional publicó un reportaje que expone cómo los pandilleros han desplazado a los vigilantes de zonas residenciales de un municipio del departamento de San Salvador, convirtiéndose en los proveedores del servicio para los que habitan en ese lugar, a quienes cobran cuotas por brindarles “protección”. Además de las implicaciones en relación a la evolución de las estructuras criminales, este tipo de incursión de las pandillas en negocios legales tiene un serio impacto en relación con la dinámica comercial y afecta principalmente a las pequeñas empresas y comerciantes independientes.
Cualquier iniciativa del Gobierno, especialmente en el contexto de su negociación con las pandillas, por introducir a pandilleros activos masivamente a diferentes industrias, tiene el potencial de tener efectos negativos. La provisión de oportunidades es fundamental, pero no bajo el esquema que proponen las autoridades en el marco de “la tregua”, por lo que dicho componente tiene que ser reformulado.
*Máster en Criminología
y Ciencias Policíacas.
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