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Ni las pandillas cuestionan Estado de Derecho

Por Por Ricardo Esmahan*

Abr 02, 2013- 03:50

Los jóvenes salvadoreños, desde temprana edad están expuestos a ser reclutados en la organización pandilleril, que les ofrecen como alternativas de vida ostentar poder ante su comunidad. Son múltiples factores que motivan a miles de jóvenes a incorporarse, entre ellos la presión de la pandilla, las condiciones de exclusión y la desintegración familiar. Las pandillas crecieron pese a la represión del Estado por los actos delictivos. Y esta realidad difícil, lleva a los jóvenes a delinquir, a desobedecer la ley y recibir severas penas, se agrava con la rivalidad entre las pandillas, que ha provocado mortandad entre sus filas.

La ideología que contamina la mente de estos jóvenes los somete a la organización y disciplina pandilleril. De manera gradual se eleva el compromiso de los muchachos con la organización, la que usa la actividad delictiva en escalada como medio.

Y con la tregua entre pandillas, que llevó a la entregas simbólicas de armas y la declaratoria de municipios libres de violencia, se ha desatado una polémica tratando de comprender este fenómeno multifacético, donde viejos pandilleros, verdaderos sobrevivientes, han mostrado liderazgos y capacidad de conducción de sus organizaciones. En esta discusión unos vemos el fenómeno de un modo, otros de otro, pero todos, incluso los pandilleros, estamos claros que hay acciones individuales y organizadas de pandillas que contravienen la ley, y como tal, los individuos que las ejecutan se deben someter a procesos judiciales, sometiéndose a purgar duras penas.

Y ninguno de estos grupos o sus líderes, han pedido cacao. Ninguno ha cuestionado la legalidad y el Estado de Derecho en El Salvador. Por ello, el proceso de tregua y sus avances, es acompañado por acciones del Estado para perseguir sin tregua a los delincuentes. Estén o no organizados en las pandillas. El imperio de la Ley no se cuestiona en este proceso.

Qué contraste con recientes acontecimientos protagonizados por algunos políticos, que como estructuras partidarias o como funcionarios han cuestionado el imperio de la ley.

Me refiero al cuestionamiento que algunos políticos y funcionarios, incluyendo presidentes de los órganos de gobierno, han hecho de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Con soberbia pretenden tener ascendencia sobre el único Tribunal que la Constitución faculta para interpretarla, sentenciar si existe conflicto de algún acto de gobierno con la Carta Magna, actos que debe supeditarse, sean estos expresados en leyes, decretos o reglamentos.

En la última elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se lucieron estos políticos y funcionarios. Sin percatarse que cuestionar la legalidad, no sólo los enfrentaba a la Constitución, sino ante el Soberano. El Pueblo.

Y afloran nuevamente esas pretensiones, al desatender políticos y funcionarios los alcances de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que anuló la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, esencialmente por carecer de idoneidad e independencia.

Los ciudadanos podemos expresar libremente nuestra discrepancia sobre una ley y una sentencia. Los funcionarios no. Sin embargo, los ciudadanos y los funcionarios públicos, todos, debemos someternos a la ley y acatar las sentencias. Ocupando los recursos de ley. Cuando los hay.

¿Qué ejemplo más negativo están dando estos políticos y funcionarios a la ciudadanía?

Ningún líder de pandilla, en su proceso de tregua, ha cuestionado que es delito y merece severa pena robar, asesinar, extorsionar, violar, etc.

La degradación de algunos políticos y cúpulas partidarias, e incluso de altos funcionarios, al desacatar sentencias de constitucionalidad y hacer llamamientos a desobediencia, sin duda es evaluada por líderes pandilleros, que desde los penales, cumpliendo sus sentencias, hacen propuestas para pacificar el país.

¡Qué vergüenza!

* Colaborador de El Diario de Hoy.

resmahan@hotmail.com

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