Riesgos para los candidatos

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Muchas familias estafadas son de bajos recursos, estaban esperanzados en recibir sus escrituras. Foto EDH / Archivo

Por Por Luis Mario Rodríguez R.*

2013-03-23 6:05:00

De nuevo una crisis institucional. Ignorando el desgaste que les produjo el conflicto de 2012 cuando se negaron a cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional, un grupo de diputados repite la escena y elige de manera ilegal a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. No les importó la crítica de la sociedad civil ni los argumentos del máximo intérprete de la Constitución, que entre otros aspectos señaló la falta de idoneidad de aquellos candidatos con una clara filiación partidaria.

A las puertas de una elección presidencial y teniendo en cuenta la movilización social de hace un año contra el bloque de políticos que intentaron evadir los controles constitucionales, actuar de manera similar irrespetando la legalidad, constituye un elevado riesgo para los candidatos que compiten en representación de esos partidos. Se equivocan quienes continúan considerando a los ciudadanos como meros espectadores pasivos. La época en la que los funcionarios manipulaban a las instituciones, actuaban en la oscuridad y prohibían el acceso a la información pública terminó. Ahora existe una mayor conciencia acerca del impacto que genera un débil Estado de Derecho en la economía, en la creación de empleos y en la atracción de inversiones.

Prácticamente todos los aspirantes han anunciado que su Gobierno tendrá como núcleo a los ciudadanos. Se han apresurado a organizar eventos que los alejan de los enclaves ideológicos y dentro de sus equipos destacan importantes personajes sin vínculos orgánicos con los partidos políticos. La actuación de estos últimos debería ser entonces consecuente con esas aspiraciones. No conviene que mientras los presidenciables garantizan respeto a los principios democráticos, el vehículo con el que corren por el poder político, se trate de un partido o de una coalición, hace todo lo que puede para destruir la división de poderes. Si proceden por estrategia, con el propósito que los candidatos luego les corrijan la plana y les obliguen a retroceder, simplemente están terminando con la poca credibilidad que los electores les otorgan. La solicitud de veto a las reformas de la Ley de acceso a la información pública por parte de uno de los pretendientes es un buen ejemplo.

Que los partidos se ubiquen en el último lugar de la lista cuando se le consulta a los ciudadanos por la confianza en las instituciones, no debe extrañar a nadie. Esa es la realidad en El Salvador y en el resto de Latinoamérica. Sobre ese deterioro se han montado los liderazgos suramericanos en los últimos tres quinquenios. El cómplice perfecto para que eso ocurra es la debilidad institucional. Con entidades que difícilmente pueden cumplir sus atribuciones, los políticos encuentran el paso libre para imponer su voluntad por encima del ordenamiento jurídico. Por esta razón, cuando algunos intentan que prevalezca el orden constitucional, se procura intimidarles, cercenarles sus funciones y acusarlos de ser ellos los que se están prestando a corrupción.

La crisis de 2012 representó una grave amenaza para la estabilidad política del país. Pero también abrió las ventanas y mostró a la comunidad internacional quién es quién en El Salvador. Para esas organizaciones e instituciones mundiales ya no será extraño enterarse que los mismos actores pretenden otra vez ignorar la justicia y que el otro grupo, el democrático, el que aspira a que funcione el Estado, saldrá de nuevo a las calles a exigir que se respeten los principios y valores que garantizan el orden político y social. Mientras tanto los que votarán por primera ocasión y aquellos que componen el segmento entre 18 y 30 años de edad, siguen observando atentos el comportamiento de los candidatos ante el atropello protagonizado en la plenaria del pasado miércoles.

Quienes conviven con la anarquía le apuestan al cansancio de la sociedad. Su estrategia es calcular el grado de tolerancia de los ciudadanos y la paciencia de los funcionarios que desempeñan con ética su misión constitucional. Ojalá que ambas perduren y permanezcan firmes en los próximos días.

*Columnista de El Diario de Hoy.