Es evidente que como país se está atravesando por una crisis institucional, que lejos de abonar a la democracia y al fortalecimiento de las estructuras gubernamentales, lo que hace es socavar las ya debilitadas columnas de lo que posiblemente un día fue una especie de “Estado de Derecho”. En los últimos días se ha impulsado toda una maquinaria orientada a acumular el poder y a esconder todo aquello que está fuera de la ley.
Digo lo anterior por las reformas que impulsaron los partidos políticos FMLN-GANA-CN-PDC, donde le quitan los colmillos y las garras a Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que la sociedad civil y otros organismos iniciaron un proceso de presión para que la Presidencia de la Republica las vetara y así corregir estas malas acciones de este grupo de parlamentarios.
Está claro que los gobernantes quieren el poder, pero no están dispuestos a informarle a la ciudadanía de cómo están realizando el mandato soberano que se les otorgó en las urnas, ni mucho menos desean informar cómo están gastando el dinero del pueblo productor de los tributos. Prueba de ello es el despilfarro que hizo la Asamblea Legislativa de los $ 40,000 en regalos y cuadros, o los famosos bonos de la CSJ.
Estamos a las puertas de poder corregir todas estas imperfecciones que cometen algunos funcionarios públicos en el ejercicio del poder, de ahí la importancia del papel que desempeñan los medios de comunicación para informar sin ataduras partidarias.
No se tendría hoy una investigación sobre estos abusos del erario público, por ello es importante que se apoye y se fortalezca el acceso a la información pública, para evitar la malversación y consecuentemente los excesos del manejo de los fondos públicos; creo firmemente que si una persona o una institución hace las cosas como la ley manda, no tendría nada qué esconder.
Pero el problema que se ha tenido durante mucho tiempo en el país, es que algunos funcionarios se han arrogado atribuciones que no les corresponden y han manejado el dinero del pueblo a su antojo y conveniencia, de manera que los bienes del Estado los han ocupado para realizar actividades personales y familiares, pues nadie les dice nada y tampoco se les supervisa de cómo están haciendo las cosas.
Han vivido en un paraíso disfrutando de la cosa pública, y las instituciones encargadas de resguardar los intereses del Estado ¡bien gracias!, porque ellos mismos son leales y se deben a quienes los eligieron y no a la Constitución, de modo que la institucionalidad del país se vuelve inoperante y la corrupción se convierte en un caballo poderoso que corre al ritmo y los deseos del mejor postor.
Por ello no desean tener una Ley de Acceso a la Información Pública que les fiscalice e investigue qué hacen los fines de semana con los vehículos y la gasolina del Gobierno, o por qué algunos funcionarios de alto nivel pagan el gasto del supermercado familiar con la tarjeta de crédito de la institución a la que pertenecen, o por qué gastan tanto dinero en bebidas alcohólicas, como si estuvieran rebosando de ello, a sabiendas que hay hospitales que no tienen medicamentos o escuelas que se están cayendo.
Todas estas cosas son las que deben de cambiar, el mismo presidente debe de informar al pueblo de cómo gasta la partida secreta y si estos gastos benefician al pueblo.
*Catedrático de la Universidad Francisco Gavidia.
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