El ritual se repite cada año con rigurosa exactitud: los legisladores pactan en secreto un aumento de sus sueldos, la prensa se entera y lo divulga para indignación del público en general. Sólo que esta vez la noticia trasciende justo en el momento en que el Gobierno y los sindicatos se aprontan a negociar el espinoso tema de los salarios. Pareciera que se trata de una nota publicada en abril de 2012, en la última asonada legislativa, cuando los diputados pretendían subirse el salario. Pero no, es la entrada de una noticia publicada en el periódico español “El Mundo”, a raíz de la crisis que padece Argentina, ahora caldeada con el incremento del salarios de los diputados en medio del estire y encoge entre el Gobierno y los sindicatos por un aumento salarial.
En los últimos años España padece una profunda desazón no sólo por la prolongada y profunda crisis económica sino, además, por los casos cada vez más escandalosos de corrupción: uno de los yernos del Rey es vinculado con ilícitos, aprovechando su posición, el partido de la oposición, los socialistas del PSOE, y no se diga el oficial, los del PP, pillados en sendos hechos de enriquecimiento ilícito o de “dobles” contabilidades, para sacar sobresueldos a la cúpula política. En todos lados se cuecen habas.
Acá en El Salvador, las cosas no son muy distintas a lo que puede ocurrir en Argentina o España, sin embargo, nuestra cultura municipal, la pobre tradición y la flacidez institucional hacen casi imposible que los hechos de corrupción no sean denunciados ni que los responsables sean llevados al banquillo de los acusados para dar cuenta de sus hechos.
Diputados que utilizan fondos públicos para regalías de Navidad, funcionarios con sobresueldos, viajeros frecuentes, nuevos ricos de la noche a la mañana, funcionarios con nuevas casas… y no pasa nada. Como repito: en todas partes se cuecen habas.
El marco regulador que pudiera permitir un combate frontal contra la corrupción es débil aún, aunque si lo comparamos con el pasado inmediato ha avanzado algunos centímetros; temas como lo puede ser La ley de Acceso a la Información Pública, una conquista, un logro bien visto por moros y cristianos, cuya aplicación aún está en pañales se muestra ante la sociedad que se trata de una herramienta que contribuye a la transparencia del quehacer gubernamental. Lo que podría haber sido el principal antídoto contra la corrupción, ahora es mancillada, desdentada y convertida en una caricatura de mal gusto.
Con los votos del PCN, GANA y el FMLN, la otrora izquierda libertaria, que afirma haber luchado, incluso con las armas, por la democracia, la cual incluye la transparencia, dieron marcha atrás a la referida Ley, una legislación que, sin ser la “octava maravilla” permite que la población pueda “ver más allá” de la propaganda gubernamental y conocer los entretelones de la gestión del Gobierno.
Con las reformas hechas a la legislación, hechas con nocturnidad, cuando la población duerme, los 46 diputados de señas conocidas, decidieron —no en nombre del pueblo al que se deben, ni mucho menos para fortalecer la cultura de transparencia—, quitar facultades al Instituto de Acceso a la Información Pública e impedirle “resolver controversias en relación a la clasificación de información reservada”.
Ahora, según la ley reformada, me imagino que “pensada” por los de Transparencia, los mismos que tienen un boletín de propaganda gubernamental y que, a primera hora del viernes, dieron a conocer los cambios, el Instituto tendrá capacidad de recomendar pero no obligar a las instituciones a que entreguen información. Es más, serán los mismos funcionarios los que determinarán si dan o no la información pedida por la ciudadanía; asimismo se le quita potestad al Instituto en cuanto a las infracciones aplicadas a los que no quieran dar información de interés público.
Y no me vengan con el cuento chino de que estas reformas buscan garantizar la seguridad del Estado o que pueden vulnerar el trabajo de los organismos de Inteligencia o la labor de la Fiscalía o los movimientos del batallón presidencial… de ser así, las reformas hubiesen sido puntuales para dar excepción a estos organismos, pero no, se busca tapar el creciente movimiento nacional para conocer, de primera mano, la información pública que todo funcionario, sin importar su jerarquía, está obligado a brindar a la población.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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