Alguien ha dicho, no sin ironía, que a los corruptos, igual que a las cucarachas, el mejor modo de combatirlos es por medio de la luz. Ni los unos ni las otras se sienten cómodos en la claridad, y buscan su contrario, la falta de transparencia, para medrar.
Los últimos días se ha hablado mucho de los candados que la Asamblea Legislativa ha colocado a la Ley de Acceso a la Información Pública, y de las acciones que debería tomar el presidente Funes, en consideración de lo mucho que nos jugamos todos los ciudadanos.
Pues bien, el presidente vetó los cambios propuestos hace poco más de una semana a la LAIP. Pero no todo termina aquí.
La ley todavía es inoperante, y por ello será difícil que mejoremos nuestras posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un indicador elaborado por “Transparency International” y que refleja la manera en que la gente de un país percibe la honestidad de sus gobernantes.
Dicha organización define la corrupción como “el abuso, para beneficio personal, del poder encomendado”, y elabora el indicador basándose en encuestas a personas particulares y empresas, arrojando al final una calificación en la que 10 refleja una percepción de ausencia total de corrupción, y 0 la apreciación de que el gobierno es extremadamente corrupto. Nosotros hemos retrocedido de un IPC de 4.0 en el 2007, a 3.8 en el 2012.
Nos urge atacar resueltamente la corrupción arrojando luz a los recovecos de las instituciones públicas. Urge porque ya se sabe que muchas veces no sólo hay que ser, sino parecerlo, y si el IPC nos coloca como un país definitivamente corrupto, ante eso no basta la propaganda ni la demagogia. Para limpiar es necesario destapar, y “como nadie es buen juez en causa propia” y “a ojo del dueño engorda el ganado”, es imprescindible que los ciudadanos tengamos acceso a la información.
Si, ante unos pocos señalamientos con respecto a escandalosos sueldos y sobresueldos de funcionarios, o de gastos inexplicables en el seno de la Asamblea, los que nos depararon el madrugón que terminó maniatando la LAIP, reaccionaron tan rápido y contundentemente ¿vamos a esperar que modifiquen sus actitudes sólo por la presión ciudadana?
Por eso ha sido tan importante el papel del presidente en este embrollo, pues con su decisión, ha dado un mensaje claro. Sus promesas de campaña, sus declaraciones públicas, podrían hacernos considerar que es una persona comprometida en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, ahora sus acciones han hablado por él.
Y deberían seguir hablando. Si de verdad está por la transparencia, en el corto plazo habría que tener nombrados los comisionados que necesita la LAIP para empezar a poder ser aplicada. De nada ha servido hasta el día de hoy el clamor de la sociedad civil, y ni siquiera una sentencia de la Sala de lo Constitucional ha producido la designación.
Un año es tiempo más que suficiente para encontrar a las personas idóneas. Y ya ha pasado más tiempo que ese desde que a principios de febrero de 2012 se le presentó un listado amplio, entre el que debería haber seleccionado los cinco comisionados.
Bien por vetar, mal por retrasar. Ahora que, gracias a los desatinos de nuestros legisladores, ya cogió impulso nuevamente la LAIP, habría que terminar la faena y nombrar a los comisionados. Entonces sí. Entonces el presidente ganaría la credibilidad de la que carece en este asunto, a pesar de sus reiterados incumplimientos a los plazos que la misma LAIP establece, a pesar de no acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional…
* Columnista de El Diario de Hoy.
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