Con el hielo que a las 2:28 de la mañana les corría por las venas a los diputados del bloque destructor del Estado de Derecho, el crujido desgarrador de una certera puñalada penetró en las entrañas de la legislación salvadoreña. Un cuerpo de normas nonato se había sacrificado en beneficio de la oscuridad de la administración pública. Se había practicado un aborto legislativo –como acertadamente calificó el acto monseñor José Escobar Alas, arzobispo de San Salvador– con la sangre fría que mostraron los heraldos de la muerte al terminar su tarea en la tenebrosa tarea de la singular novela de Truman Capote.
En mi artículo del viernes pasado, mostraba cómo la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública había tenido que transitar por un verdadero vía crucis para salir a la luz. Del proyecto original elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no quedaba nada. Desapareció de la ley la parte destinada a la transparencia; se modificaba el sistema de Integración del Instituto; se dictó un reglamento inconstitucional que ampliaba los casos de reserva de información; se le otorgó al Presidente la facultad de nombrar a los directores (el gato cuidando a los ratones) y, para hacer ostentación de su poderío, el Presidente desechó de una sola vez a todas las personas nominadas por las instituciones proponentes por faltarles, según él, los requisitos requeridos por su reglamento.
¡Nunca se había visto cosa igual! Ante tales despropósitos, cambios de rumbo, golpes de timón, frenazos y batacazos, uno no puede menos que preguntarse quién lleva el mando de la nave en el país o si se le han subido muy alto los humos al capitán!
Para no dar ninguna causa por perdida, no queda otro camino que esperar que resplandezca la sensatez y el Presidente vete las reformas introducidas.
Ríos de tinta se han escrito para conquistar la transparencia y el acceso a la Información pública, y cuando se creía lograda se regresa de un solo golpe a las tinieblas del pasado.
La obligación de la transparencia y de acceso a la información pública, si bien es uno de los derechos que ha motivado mayor resistencia legislativa, también es cierto que, por derecho propio, forma parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En efecto, en la Declaración promulgada por la Asamblea Nacional Francesa en 1791, que sirvió de base a la Constitución de Francia y luego a todas las constituciones democráticas se lee: “XV. La sociedad tiene derecho a exigir cuentas de su administración a todo agente público”. El silogismo es simple: para ser un Estado de Derecho hay que cumplir los derechos fundamentales. Los estados donde no se cumplen los derechos fundamentales no son Estados de Derecho. En El Salvador no se cumplen los derechos fundamentales. Luego: El Salvador no es un Estado de Derecho.
Para no dar ninguna lucha por perdida, esperemos que tanto los diputados como el Presidente hagan honor a la palabra que empeñaron cuando eran candidatos y sus palabras no habían saboreado las mieles furtivas del poder.
Son esas mieles las que han resultado irresistibles para los funcionarios que –con hermosas excepciones– han salido de las cargos con sus patrimonios multiplicados en vez de seguir el ejemplo de don Pepe Mujica, en Uruguay, cuyo principal legado es la proyección de sus ideales y no la acumulación empresarial de su la riqueza.
Las reformas fueron aprobadas con velocidad extrema. La iniciativa la formuló el FMLN el día 6 del corriente mes. Gozaron de dispensa de trámite en la plenaria del día siguiente, que se prolongó hasta el día 8. Uno de nuestros matutinos señaló que una diputada del FMLN dijo que las reformas se habían trabajado en forma conjunta en CAPRES.
La institucionalidad muere un poco más cada día en nuestro país. Las banderas de lucha revolucionaria que atrajeron el fervor cívico de tantos jóvenes, cada día aparecen con una mancha más, que ensombrece el horizonte.
A última hora se habla de que el bloque legislativo se ha retractado y que la ley no será notificada. ¡Enhorabuena! Pues si antes dábamos un paso de grandes proporciones en el vacío, ahora volvemos al punto original que, de todos modos, requiere reformas pero no para su destrucción sino para el perfeccionamiento.
*Doctor en Derecho.