El jueves pasado, el Presidente de la República, a pocas horas de recibir el Decreto Legislativo 303, aprobado el 8 de febrero del presente año, que contiene las Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP, las vetó haciendo uso de la facultad que le otorga la Constitución. En el escrito oficial, el Presidente dice que las veta por ser “inconvenientes” en virtud de las razones que expongo y pasa a desarrollar, en seis páginas, sus razonamientos jurídicos.
Hay que decirlo sin ambages: el rechazo unánime de todos los sectores de la vida nacional, con algunas excepciones que luego señalaremos, obligaron al Presidente a emitir el veto casi de inmediato; a pocas horas de recibir el documento de los diputados, Funes vetó su contenido, un hecho poco usual por haber respondido con pasmosa celeridad a un tema tan espinoso.
También hubo rapidez, además de ligereza, cuando los 46 diputados del FMLN, Gana y Concertación, en la madrugada del 8 de febrero, aprobaron las reformas, con dispensa de trámites; los diputados ya tenían el “tamal arreglado” y lo único que se requería era “levantar la mano”, sin saber por qué ni para qué se votaba, tal como lo reconocieron algunos diputados que han declarado públicamente que “fueron engañados” (no se sabe sí por actuar como ingenuos niños de teta o por ignorancia).
Inconveniente es la razón esgrimida por el Presidente, y no puede ser de otra manera, tal como lo señala el documento oficial enviado a los diputados, “no son convenientes para los avances que se han logrado en cuanto al derecho de acceso a la información pública y su entrada en vigencia significaría un enorme retroceso de lo logrado por este Gobierno…”
Sí esto es así, entendemos perfectamente que se vetaron por inconvenientes las apresuradas e interesadas reformas de los diputados; pero de inmediato surgen algunas interrogantes: ¿Quiénes impulsaron las reformas y con qué objetivo? Si nos atenemos a la cuenta de Twitter de una diputada efemelenista que, en el calor de las reformas, dijo que se trataba de reformas consensuales entre los diputados del FMLN y Casa Presidencial… Si a esto le sumamos que los principales funcionarios de las oficinas de propaganda del Gobierno, que mantienen una publicación “on line” con el rimbombante nombre de “Transparencia”, no comentaron ni mucho menos levantaron su voz en protesta por las mutilaciones a la ley, nos hace ver que había intención de ponerle mayores obstáculos a la puesta en marcha de la ley y a su instituto, cuyos integrantes aún no han sido nombrados por el Presidente, pese a que hay un mandato de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular.
¿Por qué? es la pregunta. Me atrevo a señalar que se quería poner cortapisas a un proceso que, como bien lo dice el mismo Presidente, se deriva de “avances…y la entrada en vigencia de las reformas significaría un enorme retroceso…”
De haber estado vigente la ley, en su oportunidad, habría imposibilitado al presidente de la Asamblea Legislativa, quien autorizó gastos por más de 46 mil dólares en regalías en Navidad, decir simplemente que se trataba de información privada o que el Presidente diera cuenta de los procesos de posibles ventas o arrendamiento de tierras con vocación turística, o las licitaciones en instituciones públicas de CEPA o de Obras Públicas o de hacer uso de los bienes del Estado para enriquecerse e ingresar a los círculos de la buena vida.
Dicho en pocas palabras, el veto a las reformas a la Ley de Acceso a la Información no era porque aquellas eran inconvenientes, sino que debería responder a un acto de decencia, porque se trata de algo contrario a la justicia, a la verdad y al honor. Si se es decente, no se podría permitir que se incitara, como en el pasado, al oscurantismo informativo para tapar los hechos y acciones públicas de los funcionarios igualmente públicos.
Ser decente requiere actuar con rectitud, apegado a las normas y leyes, guiados por principios y valores morales, claros y definidos, que nos impiden salirnos del guacal y poner los objetivos e intereses privados sobre los de la ciudadanía.
Y si es decente, todo funcionario público debe exponerse al escrutinio, no sólo de los periodistas y de los medios, sino también de toda la población.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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