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Profesionalización y modernización del Gobierno

Por Por Claudia Umaña Araujo*

Ene 08, 2013- 18:00

Hacia finales del 2012 hubo una racha de despidos de funcionarios públicos, que me hizo reflexionar sobre la importancia de retomar el tema de la modernización del Estado, profesionalización de los empleados públicos, y que su remoción sea por justificaciones técnicas y no por el arbitrio de los jerarcas de turno. Asegurándose así, que los que laboran en las instituciones públicas lo hagan por méritos, capacidades y eficiencia.

En una época anterior de mi vida profesional, tuve el orgullo de ser servidora pública y trabajar con el equipo de Política Comercial del Ministerio de Economía durante la negociación de importantes Tratados de Libre Comercio. Conocí a personas con una disciplina laboral maravillosa, conocimientos técnicos y entrega que me inspiraban gran confianza que la labor encomendada sería de gran calidad y que a la vez se protegerían al máximo los intereses nacionales. Sin embargo, también conocí en varias instituciones a personas que no tenían las cualidades necesarias y que para dar servicios estatales de calidad, deberían haberse sustituido y en otros casos, haber pasado por un proceso de profunda capacitación. Todo a través de los mecanismos para evaluar sus resultados, pudiéndose premiarlos por sus esfuerzos en una forma individualizada y a aquellos que no daban el ancho destituirlos luego de un debido proceso.

Los intentos de reformar el sistema se han venido dando al menos desde la presidencia del Dr. Armando Calderón Sol, sin que hasta la fecha se haya concretado. Se debe reconocer el alto grado de discrecionalidad con la que se ha contratado y administrado el capital humano de todo el aparato estatal, carencia de política salarial transversal y falta de evaluación por desempeño. A finales del año se dieron bonos de forma indiscriminada y desligados de resultados.

Hoy se tiene la oportunidad de reformar la desfasada Ley del Servicio Civil, que data del año 1961, con el proyecto que se impulsa desde la Subsecretaría de Gobernabilidad y que se ha sometido a una consulta pública cuyos resultados aún se desconocen. Un reto este año es sacar al país de los rankings más bajos del mundo en valoración de la función pública y emprender una discusión seria de esta normativa.

Se deben retomar las mejores prácticas internacionales, tales como la Carta Iberoamericana de la Función Pública, de Buen Gobierno, de Gobierno Electrónico, de Participación Ciudadana en la Gestión Pública entre otros. En dichos documentos se ha destacado la urgencia de contar con “Una Nueva Gestión Pública para América Latina, para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad post-industrial, un Estado para el Siglo XXI, que además de garantizar el cumplimiento de los contratos económicos, debe ser lo suficientemente fuerte como para asegurar los derechos sociales y la competitividad de cada país en el escenario internacional”.

Ya que uno de los principios por los que se regirá esta nueva Ley es la transparencia, se debe crear una nueva institucionalidad que ordene a la función pública con la máxima independencia de intereses políticos. En el anteproyecto de Ley se crea una Autoridad Rectora de la Función Pública, que tendrá tres órganos de dirección: un presidente, el Instituto Nacional de Formación y un Tribunal Disciplinario. El presidente será nombrado por la Asamblea Legislativa de una lista de tres candidatos propuesta por el Presidente de la Republica. Al analizar este diseño institucional se podría hacer uso de otras instancias que propiciarían independencia. Para ello se debería considerar el mecanismo de la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde las propuestas de ternas provienen de distintos sectores de la sociedad civil.

Recordemos que este ha sido reconocido como uno de los logros de participación ciudadana y en todo caso el tema de la Administración Publica es tanto para el Órgano Ejecutivo como para el Legislativo y Judicial, además de otras dependencias descentralizadas.

Modernicemos el país con una nueva visión de la Administración Publica en donde prive el mérito, el trabajo técnico, la rectitud y ética, sin importar cuál partido político llegue al poder, que el enfoque sea satisfacer el interés general de los salvadoreños.

*Columnista de El Diario de Hoy.

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