Existe una ley que obliga a 1.5 millones de derechohabientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es decir al 23.4% de la población, a pagar de manera anticipada el 10.5% de su salario, independientemente que no haga uso de los servicios del ISSS, esto los convierte en ciudadanos solidarios y es bueno; pero que el Seguro Social no sea solidario con los trabajadores, que no exista una ley que obligue a esta institución a brindar un servicio eficiente que nos evite gastar más en salud, eso sin duda debe terminar.
Con la Ley Especial del Certificado de Garantía de la Salud que he presentado a la Asamblea Legislativa para su estudio y aprobación, estoy convencido que el Seguro Social se volverá eficiente y responsable. Esta ley es una medida de justicia para el trabajador y su familia: permitirá que el paciente sea lo más importante para el Seguro Social y que reciba su tratamiento médico de manera oportuna.
Partimos del hecho, que el ISSS no es una institución de caridad, porque todos los derechohabientes pre pagamos nuestros servicios de salud y tenemos derecho a recibir atención de manera eficiente.
Sin embargo, cuando requerimos asistencia médica, medicamentos, exámenes de laboratorio o cualquier otro servicio, es inaceptable que el ISSS no tenga la capacidad de brindarlos y si lo hace, no es de acuerdo a nuestras necesidades, sino de acuerdo a lo que la burocracia de la institución determina, generando frustración en trabajadores y empleadores.
Con la Ley Especial del Certificado de Garantía de la Salud se definirán los plazos máximos para que los usuarios sean atendidos. Estos plazos serán definidos por el Seguro Social pero aprobados por la Asamblea Legislativa.
En todo establecimiento del Seguro Social se abrirá una Oficina de Quejas independiente, descentralizada y adscrita a la Defensoría del Consumidor. Esta oficina, buscará que el ISSS resuelva el problema del paciente y sólo en el caso que éste no sea atendido, la oficina emitirá de manera excepcional, el Certificado de Garantía de la Salud, el cual no significará ningún aumento en la cuota que trabajadores y empresarios pagan.
El éxito no se deberá medir en función del trato de pacientes fuera de la institución, sino en la medida de que este mecanismo sea utilizado excepcionalmente. Por eso, como en toda ley, se plantean sanciones: será aceptable la emisión del 5% de certificados, entre el 5% y el 10% se demandará un plan de correcciones y una emisión mayor al 10%, será causa de destitución inmediata de los responsables.
Esta ley reafirma, que el Seguro Social no puede ser privatizado, debido a que las Oficinas de Quejas estarán adscritas a la Defensoría del Consumidor, institución que forma parte del aparato del Estado.
Además, los prestadores de servicio particulares, deberán alcanzar convenios con el ISSS, estarán debidamente identificados y su relación con la institución será estrecha. Para evitar la corrupción, el paciente elegirá de manera libre al prestador de servicio.
Otro elemento importante, es que el Seguro Social en ningún caso se verá desfinanciado, porque los aranceles que sean cobrados afuera, serán los mismos costos que el ISSS tiene dentro de sus instalaciones.
Con este esfuerzo, no sólo cumplo una promesa de campaña, estoy dando respuesta al respaldo que me dieron 7 mil 406 hombres y mujeres que estamparon su firma en esta propuesta durante el pasado proceso electoral y a la aspiración de 1.5 millones de derechohabientes del ISSS.
Soy un fiel creyente, que ningún usuario del Seguro Social se debe quedar sin atención cuando tiene derecho a ello, que el derecho a la salud no debe continuar en tela de juicio y que pondré mi máximo esfuerzo para contar con el apoyo de las diferentes fracciones legislativas, porque no hay derecho más sagrado que el de la salud.
*Presidente de la Comisión de Salud, Asamblea Legislativa.