Estimado Luis Martínez:
Ahora, que no tiene que seguir asignando recursos extra (algunos provenientes de Casa Presidencial de Funes) a la cacería de brujas en el “caso CEL-ENEL”, quitemos del guión y la palabra ENEL – y siempre nos queda el “caso CEL”…
Que bueno que la fiscalía está -según sus declaraciones- avanzando en la investigación del hoyo del Chaparral. Sobre todo porque en la Corte de Cuentas, luego de que sus auditores reportaron múltiples irregularidades, estas por arte de magia desaparecieron, una vez que el caso llegó a manos de la instancia política, o sea de los magistrados de la Corte de Cuentas.
Así que ahora, todo depende de usted y su voluntad. No vaya a pasar lo mismo que en la Corte de Cuentas: Los técnicos e investigadores hacen su trabajo, determinan irregularidades, y en el despacho de los titulares, donde se tienen que tomar las decisiones, todo se desvanece.
De paso le pregunto: ¿Y la otra parte del “caso CEL”, la ampliación de la hidroeléctrica “5 de Noviembre”?
El 7 de enero salió esta noticia:
“Un equipo de cinco fiscales especializados contra la corrupción inició las pesquisas sobre el proyecto de expansión de la represa 5 de Noviembre, por el cual la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) paga $189.3 millones a la firma Queiroz Galvao, la misma que ha sido ligada a una estructura de corrupción a través de la estatal brasileña Petrobras.
Además los investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron a El Diario de Hoy que las investigaciones abarcarán el proceso de licitación y adjudicación de la obra, realizado entre julio de 2012 y enero de 2013, bajo el gobierno del ex presidente Mauricio Funes y siendo Leopoldo Samour presidente de la CEL.
Las indagaciones iniciaron con una inspección técnico-ocular de todo lo que actualmente construye el contratista de CEL. Luego de esta etapa la Fiscalía definirá si requiere de peritos para realizar otras averiguaciones, confirmó Andrés Amaya, jefe del equipo de fiscales anticorrupción que están en el lugar.
‘Es una investigación por instrucciones del Fiscal General (Luis Martínez). Nuestro equipo realizará todas las verificaciones del lugar y revisará los avances en la obra. Además están involucrados otros tres investigadores que también analizarán toda la documentación entre la CEL y la compañía contratada’, sintetizó Amaya.”
Desde entonces, no hemos sabido absolutamente nada de esta investigación. ¿Será que en 8 meses no han investigado nada? ¿O será que los informes de sus investigadores están engavetados para no afectar su campaña de reelección?
Y hoy sale de repente la noticia de que la misma CEL (ya no en manos de los amigos de Tony Saca y Mauricio Funes, sino del FMLN) “despidió” a una de las empresas brasileñas a los cuales la administración Funes había dado los contratos y los anticipos. ¿Tuvieron algo que ver los descubrimientos de los fiscales contra la corrupción con esta decisión de la CEL?
Le voy a dar una pista, señor fiscal: Amplíe la investigación (si es que está viva). No solo investigue la licitación y la ejecución de la obra. Investigue la parte crucial: ¿Quiénes, y basados en qué criterios e intereses, han tomado la decisión de meter a la CEL en esta obra?
Se dará cuenta que no solo tienen irregularidades la licitación y la ejecución, sino que todo el concepto del proyecto es viciado. Igual como en caso del Chaparral y en la últimamente tan publicitada planta geotérmica de Chinameca, la ampliación de la 5 de Noviembre carece de sentido económico: En los tres casos la inversión nunca será rentable. No hay una relación racional entre la multimillonaria inversión y la capacidad de generación de energía de estos tres proyectos.
En el caso de la 5 de Noviembre la cosa es bien simple: La turbina extra que están construyendo solo puede funcionar cuando hay exceso de agua en el río y en el embalse. Pero se necesita energía adicional precisamente cuando las plantas existentes de Cerrón Grande y de la 5 de noviembre carecen de agua para su pleno funcionamiento. Investíguelo bien: La ampliación de la 5 de Noviembre, a pesar de su elevado costo, aportará cero Megavatio cuando el país no produce suficiente energía hidroeléctrica.
¿Por qué las administraciones anteriores iniciaron, contra toda lógica técnica y económica, este proyecto? Esto es lo que debe investigarse. ¿Quién se beneficia de esto, porque el país y la CEL definitivamente no se beneficiarán?
Espero que en su próximo discurso de campaña de reelección nos explique lo que la Fiscalía está haciendo en el “caso CEL”. Saludos, Paolo Lüers