Estimado Luis Martínez:
Usted tiene en sus manos la denuncia de La Prensa Gráfica sobre los hackers que clonaron la versión digital de este periódico, insertando contenidos originales a la par de otros que atentan contra el honor de su director, José Roberto Dutriz.
Usted tiene conocimiento de un caso similar en Guatemala, documentado por La Prensa Libre, donde una de las pistas lleva a un ciudadano salvadoreño.
Usted tiene en sus manos además, desde hace semanas, la denuncia de Roberto Rubio, director de FUNDE, representante de Transparencia Internacional y columnista, quien tiene indicios que similares ataques contra el honor de él y su familia, posiblemente, provienen de entidades estatales salvadoreñas.
Sólo la fiscalía, con sus recursos y competencias legales de recabar datos en los sistemas informáticos y los bancos, puede determinar quiénes están detrás de estas acciones ilegales. Sólo la fiscalía puede solicitar la colaboración de autoridades de otros países, en particular Estados Unidos, para rastrear la huella de los hackers, quienes obviamente usan conexiones informáticos y bancarios internacionales para cometer sus delitos.
Si usted, como titular de la Fiscalía General de la República, no procede con las investigaciones pertinentes, estos delitos, como tantos otros, quedarán en la impunidad que hace posible este envenenamiento de nuestra cultura política y de la libertad de expresión.
Si usted no actúa, nunca vamos a saber si detrás de estas campañas ilegales contra empresas, medios de comunicación y generadores de opinión pública están instituciones y funcionarios públicos que cometen estos delitos con fondos del Estado.
Si usted no actúa, señor fiscal, se hace cómplice.
Estos delitos son difíciles, casi imposibles, de investigar para las empresas y las personas afectadas, sin que a su vez incurran en operaciones ilegales. Pero son fáciles de investigar para la fiscalía, la cual tiene el monopolio de interceptar conexiones telefónicas, digitales y bancarias. Para esto tenemos una fiscalía.
Aún así, periodistas mexicanos han logrado documentar el amplio espionaje de datos que en México ha cometido por años una empresa de espionaje cibernético, contratada por el gobernador de Puebla (vea la actual edición del medio digital mexicano “animalpolítico.com”, o la documentación en el blog salvadoreño “segundavueltasv.wordpress.com”). Ahí es claramente el Estado que actúa criminalmente y, de manera sistemática, contra opositores políticos. Tal vez en El Salvador todavía no hemos llegado a este extremo. Pero seguramente llegaremos si la única autoridad competente, o sea la Fiscalía, no procede con rigor – y sin temor de tocar fibras del poder, incluso del Estado o de partidos políticos.
Recién instalado en su cargo, usted dijo que en el país operan 4 centros ilegales de escucha telefónica e intercepción de datos y que tenía conocimiento de sus ubicaciones y quiénes los operan. Nunca leí ninguna noticia que la Fiscalía haya desmantelado estos centros de espionaje y llevado a la justicia a sus operadores. Es tiempo que usted actúe, para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y de la oposición política.
La pelota está en su cancha, señor Fiscal General. Saludos, Paolo Lüers
Posdata: Sigo convencido que para erradicar este cáncer no hace falta una nueva legislación que restrinja la libertad de expresión en el Internet. Las leyes existentes ya definen los delitos en cuestión. Sólo hay que aplicarlas.