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El anti militarismo

Por Por Guido Miguel Castro*

May 25, 2013- 20:00

La sentencia a 80 años de prisión contra el general Efraín Ríos Montt, expresidente guatemalteco, pronunciada por la jueza Iris Jazmín Barrios, del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de la ciudad de Guatemala, que fuera declarada inconstitucional por el Tribunal de Constitucionalidad de la hermana República, constituye la última expresión del antimilitarismo que los grupos de izquierda han difundido por toda América Latina, luego del fracaso de las revoluciones que, junto a la cubana, llevaron dolor y luto a nuestros pueblos, sin haber alcanzado sus teóricas banderas de lucha.

El ejercicio del poder político por los estamentos militares, ha sido una constante a lo largo de la historia. Las grandes naciones europeas, hace menos de 100 años, estuvieron bajo verdaderos regímenes fascistas y ni en Alemania, Italia ni España, se persiguen oficialmente a los antiguos gobernantes o jefes militares, sin embargo, sí se han organizado campañas millonarias sin mayor resultado, como las financiadas por los jesuitas y los grupos socialistas y comunistas en América Latina, como una revancha ante la incapacidad histórica de vencer a las Fuerzas Armadas.

Videla, recientemente fallecido en prisión; Pinochet, Ríos Montt, García y Vides Casanova, son ejemplos de gobernantes y jefes militares que, en cumplimiento del mandato constitucional, enfrentaron agresiones subversivas, y ahora resulta que son considerados violadores de los derechos humanos, genocidas y asesinos.

Todas las guerras insurgentes en nuestros países, fueron iniciadas por grupos terroristas que actualmente, por regla general, se han transformado en partidos políticos, y sus dirigentes, en nuevos millonarios a través de la iniciativa ALBA.

Hasta la fecha, nunca se ha conocido de ningún juicio promovido contra algún comandante guerrillero, a pesar de las muchas masacres y asesinatos cometidos por las fuerzas terroristas en diversos conflictos.

Las guerras son complejas. En muchos casos, los supuestos abusos son hechos cometidos por elementos de los ejércitos sin conocimiento previo de los altos mandos. Resulta imposible que los comandantes de unidades militares tengan control hasta del último elemento de tropa, y sobre los efectos psíquicos que la presión del combate produce en los soldados. Los ejércitos nacionales siempre han respondido a las agresiones, nunca las han iniciado.

Existen momentos en los combates en que se toman decisiones imprevistas, y en esas circunstancias, es imposible evaluar previamente los daños colaterales del combate, sobre todo cuando el enemigo tiene escudos humanos o se moviliza junto a fuertes contingentes de elementos de masas.

La izquierda siempre ha buscado crear mártires y víctimas que justifiquen sus agresiones armadas. Sus dirigentes se han valido de supuestas violaciones a los derechos humanos, para organizar instituciones que apoyan a las supuestas víctimas y recolectan millones de dólares con los que pagan abogados y campañas publicitarias para reivindicar a los verdaderos agresores de las sociedades. Muchos hacen de esto un modus vivendi, se vuelven comerciantes del dolor.

Los ejércitos latinoamericanos permanentemente se modernizan y profesionalizan, pero los seguidores de Marx y la Teología de la Liberación nunca les perdonarán el hecho que les impidieron la toma del poder por la vía violenta.

En El Salvador, ese anti militarismo se ha manifestado recientemente en la declaratoria de inconstitucionalidad de los nombramientos de dos generales que ocupaban las plazas de Ministro de Seguridad Pública y de Director de la Policía Nacional Civil, insinuándose que se declarará próximamente la inconstitucionalidad del uso de la Fuerza Armada en labores de apoyo a la seguridad pública, en momentos en que la sociedad se debate en una incontenible ola de delincuencia y violencia social.

Lo grave de esa declaratoria, es que los magistrados firmantes sostienen que la formación militar es represiva e inhibe el ejercicio de dichos cargos, como si con la formación militar se creara asesinos incapaces de ejercer funciones de seguridad pública. ¿Y cómo es que nunca se pronunciaron en ese sentido cuando un terrorista, que participó en la destrucción del Puente de Oro, ocupó el cargo de Director de la PNC? Ahí tenemos una prueba de su doble moral.

El tiempo y la verdad desvirtuará estas campañas antimilitaristas y los pueblos le devolverán el sitial de honor que le corresponden a la Fuerza Armada en la historia, en la República y en la sociedad.

*Colaborador de El Diario de Hoy.

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