Vulnerabilidad laboral denunciaron los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (SITCO).
De acuerdo con los sindicalistas al convertirse la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) en una autónoma, los trabajadores serían reconocidos por la Ley de Servicio Civil, que les brindaba estabilidad como empleados públicos, situación que no se ha dado con las 200 personas que laboran en la institución.
“Las autoridades de Conamype han girado una lista, el martes pasado, donde dicen que solo el 40 % de los trabajadores está por Ley de Servicio Civil”, afirmó Erick Zelaya, miembro de SITCO.
Del resto de empleados se desconoce como se regirán sus derechos laborales, razón por la cual temen por sus empleos, pues desconocen cómo queda la relación laboral con la institución.
De acuerdo con el sindicalista Ileana Rogel, presidenta de Conamype, desconoció el sindicato a tal punto de dejar de descontar las cuotas sindicales.
Zelaya afirma que la titular de la autónoma ha realizado una gira por todas las sedes de Conamype, a nivel nacional, en la que aborda el tema de la estabilidad laboral y la relación con la junta directiva del sindicato, donde plantea que no se reunirá con la junta directiva del SITCO.
“Esto lo que hace es generar un clima de inestabilidad, porque la gente que está afiliada al sindicado incluso se está saliendo”, dijo Zelaya.
Los sindicalistas acudirán a instancias como el Tribunal del Servicio Civil, y ya denunciaron el hecho ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la próxima semana presentarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Zelaya asegura que en este momento no existe diálogo abierto entre el sindicato que aglutina al 70 % de los trabajadores y la presidenta de la institución, Ileana Rogel. “El llamado que hacemos es al fiscal general de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Tribunal del Servicio Civil para que tomen cartas en el asunto, porque de no resolver esto, en este mes, no descartamos acciones de hecho”, aclaró Zelaya, incluso prevén el cierre de la institución.
Impacto de la medida
Al no estar regidos por la Ley de Servicio Civil, cerca de 130 empleados estarían bajo el Código de Trabajo o la Ley de Garantía de Audiencias de Empleados Públicos.
La consecuencia principal es, dijo Zelaya, es que no gozarían de la estabilidad que brinda el régimen de la Carrera Administrativa, como empleados públicos.
Entre los derechos que garantiza la Ley de Servicio Civil, está el establecimiento de Comisiones de Servicio Civil que hay en cada institución y que se encargan de hacer amonestaciones a los empleados.
En estas comisiones, los empleados tienen el derecho de defenderse y argumentar un llamado de atención, lo que para los sindicalista establece una garantía de que las amonestaciones no se realizarán de manera arbitraria.
“La Carrera Administrativa también garantiza que se puedan realizar ascensos de acuerdo al mérito y la actitud que tenga el trabajador, y que no se haga lo que generalmente se hace en las instituciones públicas que se va ascendiendo por cuestiones políticas”, detalló el sindicalista.
La Ley también protege a los empleados de traslados de sedes de la institución, que puedan complicar el desplazamiento del empleado.
Según Zelaya en la institución también hay una amenaza latente de despido al no estar bajo la Ley de Servicio Civil.