El Gobierno prepara una nueva redacción a la reforma de pensiones para apropiarse del dinero de los trabajadores sin que lo parezca.
De acuerdo con fuentes cercanas a la discusión, que se mantiene al más alto nivel y con mucho secretismo, el Gobierno ha retomado ideas de la propuesta presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones ICP) y las ha reeditado, agregándole nuevas palabras para reabrir un sistema de reparto, pero evadiendo la idea de una confiscación de dinero.
Según las fuentes, en la nueva redacción se plantea convertir la mitad de la cuentas individuales de los trabajadores (unos $5,000 millones) en “cuentas nocionales”, que significan un registro de las cotizaciones a nombre de cada trabajador, pero que en definitiva, siguen sin tener un respaldo financiero.
La misma palabra lo dice: “noción”, que significa una idea general, que aparenta.
El mismo diputado del FMLN, Rolando Mata, confirmó a este periódico, que el término se está considerando dentro de la redacción de ley.
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Los economistas a nivel internacional explican que un sistema de pensiones basado en cuentas nocionales sigue siendo un sistema de reparto, en el que los cotizantes aportan a una bolsa común y el Gobierno utiliza el dinero para lo que quiera.
El nuevo término que se incorporaría a la redacción surge después de que el primer proyecto de un sistema mixto propuesto por el Gobierno fuera rechazado en varias ocasiones por la mayoría de partidos políticos y por la mayoría de los economistas nacionales por considerarlo una confiscación del dinero de los trabajadores.
El Gobierno pretendía pasar el ahorro de los trabajadores que están actualmente en cuentas individuales a un fondo común del Estado, para crear un sistema mixto. Sin embargo, expertos en leyes han reiterado que esto vulnera la propiedad privada pues el Estado confisca el dinero y las usa sin otorgar ninguna indemnización.
Por eso, después de más de dos años de cabildeo para este proyecto, el Gobierno sigue sin lograr que los diputados aprueben su proyecto.
Pero con el nuevo término de “las cuentas nocionales”, se proyectará la idea de que el dinero sigue registrado en una cuenta invididual de cada trabajador tal como ocurre actualmente en las AFP.
“Es una nueva versión del Frente para tomar control de los $5,000 millones”, dijo la fuente, que pidió la reserva de su nombre.
Sin embargo, el respaldo de este dinero no está garantizado pues la mayor parte de estos fondos están invertidos en Certificados de Inversión Previsional (CIP) que actualmente son un papel que indica que el dinero se pagará en los próximos 25 años, lo que significa que no tienen valor inmediato.
Sin embargo, unos $2,000 millones de esos ahorros están respaldados con eurobonos que el Gobierno puede revender en el mercado bursátil y con eso, conseguir inmediatamente unos $1,800 millones, suficientes para no solicitar ayuda financiera ni al Fondo Monetario Internacional (FMI) ni la aprobación de préstamos en la Asamblea Legislativa.
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Además, las fuentes aseguran que el Gobierno quiere plantear este cambio de redacción sobre la base de la propuesta de reforma que ha presentado la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), que busca mantener el sistema de pensiones privado, pero que propone un esquema solidario dentro del mismo esquema para garantizar a todos a que tengan una pensión de por vida.
Impago como estrategia
¿Pero cómo convencer a los diputados de dar los votos para aprobar esta reforma de pensiones?
De acuerdo con las fuentes, la crisis fiscal que ha llevado al país a caer en un default ha sido una medida de presión para aprobar esta reforma lo antes posible.
De hecho, se aproxima una nueva fecha de pago de la deuda de pensiones en momentos en que se discute una reforma de pensiones en la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
“Lo que quieren es estirar la pita lo más que puedan para luego decirle a los diputados que el único camino para resolver el problema fiscal son las pensiones”, señaló una de las fuentes que está muy cerca de la discusión gubernamental.
El Gobierno tiene que pagar $47 millones en concepto de capital e intereses a partir del 8 de julio.
Si no lo hace a tiempo, el país corre el peligro de caer, nuevamente, en un “default selectivo”, como ya ocurrió en abril pasado. Con una nueva categoría de este tipo, El Salvador vuelve a ganarse la fama de “mala paga”.
Por ahora el Gobierno ya hizo una reforma al presupuesto para conseguir $33 millones, pero ese dinero solo alcanza para pagar intereses y aún no tienen los otros $14 millones para capital.
“Si esta semana no consiguen el dinero que falta para pagar los $47 millones, eso significará un nuevo impago y una clara señal de que quieren apoderarse de las pensiones”, dijo el abogado del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya.
El dinero que debe pagar a los trabajadores debía incorporarse en el presupuesto de este año, pero el Gobierno solo agregó $1,000 a una partida que debió ser de más de $120 millones.
Y la justificación del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para no agregar este dinero al plan de gastos era que se esperaba una reforma de pensiones con la que se dejara de pagar esta deuda previsional.
Al no conseguirlo, decidió no pagar el dinero que debía a los trabajadores y arriesgarse a recibir una categoría de “default selectivo”.
Otro impago
Según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) caer otra vez en un impago tendría consecuencias “nefastas” pues no solo afectaría la reputación crediticia del país, sino que también provocaría una reducción de la productividad nacional y por ende, menos crecimiento económico que derivaría en desempleo y en pobreza.
Y no es un problema de dinero. De acuerdo con el exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, el Gobierno tiene fondos para hacer estos pagos sin problemas. De hecho, ya pagó $49 millones en Letras del Tesoro al Banco de Bolivia, como parte de sus compromisos crediticios.
Hinds agregó que también se pueden hacer otros ajustes presupuestarios.