La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que explique y aclare cómo se elaboró el presupuesto 2017 y si omitió partidas presupuestarias o les asignó recursos insuficientes.
Este requerimiento es parte del proceso de inconstitucionalidad que los magistrados analizan después que el abogado Enrique Anaya presentara una demanda contra el plan de gastos vigente por considerarlo inconstitucional.
Según Anaya, el presupuesto 2017 no incluye gastos obligatorios para Hacienda como el pago de capital e intereses de la deuda de pensiones.
Tampoco están incluidos gastos para el pago de subsidios y otras partidas que el Gobierno sabe que tiene que incluir todos los años.
En la resolución, emitida el 2 de junio, los magistrados le hacen cinco requerimientos al ministro de Hacienda.
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El primero es que mencione si en el presupuesto 2017 se omitieron partidas presupuestarias o en su caso, se incluyeron, pero con financiamiento insuficiente cuyos gastos eran previsibles. Si responde que sí, debe informar los motivos y los efectos de esa decisión.
Como segundo requierimiento los magistrados le solicitan que diga si en el presupuesto se han proyectado ingresos mayores a los que se esperan recibir.
La tercera solicitud es que diga si existe tendencia de financiar gasto corriente y de cubrir brechas presupuestarias con deuda flotante o de corto plazo (Letras del Tesoro) y si es así, que explique las razones.
La cuarta solicitud es que mencione si en la elaboración del proyecto de presupuesto se tuvo en cuenta algún programa concreto y detallado de endeudamiento público para cubrir las deficiencias de financiamiento que fueron detectadas.
Los magistrados también le han pedido al ministro Cáceres que informe si hubo un incremento del gasto público en el rubro de equipamiento, infraestructura, bienes y servicios y remuneraciones en el presupuesto 2017 en relación con el de 2016. Y si es así, Cáceres debe informar cuáles fueron las instituciones favorecidas con tal decisión.
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Cerca de otro impago
La resolución indica que toda la información requerida deberá entregarse en los próximos 10 días hábiles.
Anaya dijo que aunque le satisface que la Sala esté solicitando estos datos, lamenta que se le haya dado un plazo tan largo a Hacienda pues eso significa que no habrá una pronta resolución en junio y que, además, ésta no estará lista para cuando se acerque una nueva fecha de pago para los trabajadores que cotizan a las AFP y que le prestan dinero al Gobierno.
“A esta fecha, estamos a solo 34 días de un eventual, y no deseado, nuevo impago por parte del Gobierno para con los fondos previsionales”, aseguró el abogado, quien también es representante del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) que han insistido en la baja rentabilidad que paga Hacienda por usar su dinero para luego pagar pensiones al INPEP.