MOLSA Y HARISA deben pagar $4 millones

Así lo sentenció la SCA, al comprobar que la empresas cometieron prácticas anticompetitivas en 2008.

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Por Redacción Negocios / negocios@eldiariodehoy.com

2017-05-30 7:20:53

La Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) de la Corte Suprema de Justicia ratificó en dos sentencias las sanciones impuestas por la Superintendencia de Competencia (SC) en el año 2008 a las harineras Molinos de El Salvador S.A. de C.V. (MOLSA) y HARISA S.A. de C.V. (HARISA), por práctica anticompetitivas, ya que las harineras de acordar repartirse el mercado.

Tras estas sentencias ambas empresas deberán cesar la práctica anticompetitiva y pagar las multas impuestas, que juntas ascienden a más de USD $4 millones.

“Estas sentencias de la SCA rompen la impunidad en materia de competencia, favoreciendo la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Beneficia, además, a todos los productores que emplean la harina de trigo como materia prima”, indicó el superintendente de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez.

La sentencia

El 23 de mayo recién pasado, la SCA falló a favor de la Superintendencia de Competencia en los juicios contenciosos iniciados por las mismas harineras, ratificando la legalidad de la resolución emitida por la SC el 4 de septiembre del año 2008.

Este tribunal comprobó que sí existe prueba, incluso prueba directa.

Por lo tanto, según este tribunal “se ha comprobado que en el presente caso se han utilizado elementos directos que han demostrado la comunicación entre las empresas sancionadas, la forma del acuerdo anticompetitivo”.

Asimismo, la Sala concluyó que las multas impuestas fueron debidamente motivadas, no arbitrarias y, además, que fueron proporcionales ya que para su cálculo es legal aplicar el porcentaje sobre las ventas totales de la empresa y no únicamente sobre las ventas derivadas de la práctica anticompetitiva, pues la normativa no lo especifica de esa forma.

Tras estas sentencias, ambos agentes económicos deben hacer efectiva la sanción.

La SC informó que si las empresas no cumplen voluntariamente será la Fiscalía General de la República la que deberá actuar y obligar a las empresas a pagar la multa.