Cuando el presidente Salvador Sánchez Cerén tomó las riendas del país en junio de 2014, los indicadores económicos estaban en rojo.
El reto era recuperar la credibilidad en los inversionistas, reactivar proyectos inconclusos como la presa El Chaparral, el Puerto La Unión y el Aeropuerto Internacional y mejorar la administración fiscal para reducir la deuda y hacer llegar más ingresos al fisco.
La herencia de la administración de Mauricio Funes era un cóctel de discrepancias con la empresa privada, una deuda creciente, proyectos inconclusos y una fábrica de empleos sin cumplir. Los economistas auguraron mayores dificultades si no se hacía algo pronto, sobre todo en el tema fiscal que ya mostraba una tendencia al alza y un gasto excesivo de recursos en diferentes dependencias gubernamentales.
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Los economistas sugirieron austeridad y un mejor manejo de la política fiscal.
Tres años después, sus advertencias se hicieron realidad: el país no solo atraviesa hoy, una crisis fiscal sin precedentes tras haber caído en impago hace unos meses, sino que además, se aleja cada vez de un diálogo franco con la empresa privada, lo que ya está provocando que las inversiones comienzan a alejarse y con ellas, el empleo.
El trabajo que se prometió con el arranque de importantes obras de inversión aún no aparece y, por el contrario, los números comienzan a mostrar un aumento del desempleo y el encarecimiento de los productos de consumo.
Además, lejos de mejorar, los salvadoreños resienten cada vez más una economía que pega fuerte en sus bolsillos: desde 2014 a la fecha la administración de turno ha establecido nuevos impuestos con la promesa de mejorarles la seguridad y darles mejores servicios de salud y educación.
Solo en 2016 el país ha percibido $19 millones más que en 2015, sin contar con las deudas a mediano y largo plazo que ha contraído.
Aún con más dinero, el país muestra hoy su peor cara económica, que se suma a la ya deteriorada imagen que ha obtenido por el elevado índice de criminalidad.
Lo inédito: el país cayó en impago
La ironía económica de El Salvador es que a pesar de tener ahora más impuestos, ha caído al nivel más bajo en su categoría crediticia por no haber pagado una deuda local de apenas $53 millones a los trabajadores que ahorran para su futura jubilación.
En abril de este año la agencia de calificación internacional Standard and Poor’s lo declaró en “default selectivo”, la categoría de riesgo más baja en la que un país puede caer tras no pagar a tiempo sus deudas.
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El hecho marca un precedente en la economía nacional, pues de esta calificación dependen otros elementos como el costo de la deuda, por el que ahora se tendrá que pagar más intereses. También está adherida la credibilidad del país frente a inversionistas internacionales pues sin esta confianza de pago, muchas empresas deciden llevar sus negocios a otro lado.
El Gobierno ha minimizado los impactos de este hecho, pero economistas de la trayectoria de Mauricio Choussy o Manuel Enrique Hinds, hablan de consecuencias lamentables para el país y su reputación crediticia en los próximos años.
Se van las empresas, se van los empleos
La creación de empleos es la otra gran preocupación económica del país y de la que depende el desarrollo de muchas familias.
Una de las promesas de Sánchez Cerén fue crear más empleos a través de una mayor inversión que vendría de la mano de grandes proyectos de inversión extranjera.
De hecho nombró como designado para la atracción de inversiones a su vicepresidente Oscar Ortiz. También nombró a Sigfrido Reyes como presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa). En octubre de 2016 también designó a José Luis Merino como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores sin que hasta ahora presenten resultados concretos.
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Y lejos de llegar, las empresas se están yendo por diversos factores: los costos en El Salvador se han vuelto más caros, los trámites en las aduanas se han vuelto más engorrosos y la polarización económica se ha vuelto una constante que no permite acuerdos de ningún tipo y en ningún sector.
Solo el año pasado se conoció de al menos tres empresas que trasladarían sus operaciones a otros países pues consideraron que el país se ha vuelto menos competitivo que antes. Y el desánimo empresarial se está llevando consigo miles de empleos.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indicó hace una semana, durante su informe de coyuntura económica, que se han perdido unos 33,110 empleos formales y que la actividad económica.
El Gobierno niega que los números tengan relación con la baja calificación crediticia, la polarización política, y más recientemente, con la aprobación de un alza del salario mínimo que incrementó hasta en un 105% de una sola vez en algunos sectores.
Más impuestos
Dinero sí hay. Desde que Sánchez Cerén llegó a la presidencia, los salvadoreños han escuchado la palabra “impuesto” con más frecuencia. En los últimos tres años se estableció un impuesto a las transferencias bancarias y también otro del 5% a todas las operaciones telefónicas, desde la compra de los aparatos hasta sus recargas.
Solo en un año, el Gobierno logró aumentar su recaudación en más de $20 millones. En términos del PIB los impuestos han pasado de un 15 % a un 15.6 % del PIB.
En el Ministerio de Hacienda hay, incluso, una nueva oficina de cobranza, que tiene como objetivo, lograr una mayor eficiencia en el cobro de los impuestos, ya sea a través de la declaración de la renta, del IVA o a través de Aduanas.
Este último tema también ha sido una piedra en el zapato para el Gobierno pues aunque ha cambiado de directores y establecido nuevos mecanismos para el control de las exportaciones e importaciones, solo ha logrado un mayor atraso en los puntos fronterizos.
Las trabas en las Aduanas ha sido una constante de la administración de Sánchez Cerén, que además, le ha valido serias críticas por parte de la empresa privada, que quiere seguir invirtiendo en el país, pero no puede agilizar sus importaciones y exportaciones.
Las pensiones, su principal apuesta
Un fondo de pensiones de más de $9,000 millones que los trabajadores han constituido desde 1998, es ahora el objetivo principal del Gobierno. Durante los últimos tres años el presidente ha impulsado una reforma al sistema previsional que le administrar la mitad de ese dinero, al abrir el sistema de reparto en combinación con el privado.
Pero la iniciativa ha encontrado muchos detractores que opinan que este dinero es el botín de oro con el que el Gobierno quiere tapar el agujero fiscal que ha creado en los últimos años.
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El Gobierno no ha levantado el dedo del renglón: quiere un sistema mixto de pensiones. Pero diversos comités de trabajadores, economistas y tanques de pensamiento consideran que la medida es confiscatoria de los recursos de los salvadoreños y ante esto, han prestando nuevas propuestas que combinan diferentes alternativas.
El tema tomará más protagonismo en los próximos meses, sobre todo porque se avecinan la campaña política de cara a la elección legislativa y municipal de 2018.
