La aprobación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal de 2017 demoró más de un trimestre y aún así no logró corregir todas las observaciones de desbalance financiero que recibió por diversas entidades y sectores.
El documento aprobado no se diferencia de manera significativa del proyecto del presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda en septiembre de 2016, que era de $4,957.8 millones.
Según el economista Claudio de Rosa, un presupuesto es “mentiroso” o está desfinanciado cuando incluye estimaciones de ingreso mucho mayores a las reales y, a la vez, no incluye todos los gastos que por ley deben incluirse.
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El analista consideró que en el presupuesto aprobado no están incluidos, en la magnitud que se debe, los recursos para el pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa). Tampoco se consideró responsablemente los recursos para el pago a los desmovilizados de la fuerza armada y ex combatientes del FMLN, y no se cumple con la ley del escalafón de Salud, que “aunque uno pueda estar en desacuerdo es ley y hay que cumplirla, apuntó.
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Además, no están incluidos todos los recursos para pagar el subsidio a la energía eléctrica y tampoco los $230 millones estimados para pagar “a los fondos que ya tomó prestado el gobierno de los trabajadores” de las AFP.
“El hecho que no estén demuestra primero que es un presupuesto incompleto (…) y segundo, ponerle mil o 100 dólares a algunos de estos rubros, lo único que puede demostrar es que está desfinanciado; y cumple con la jerga de los economistas de que es un presupuesto mentiroso porque no cumple con los compromisos en el ámbito fiscal”, explicó De Rosa.
La noche de este miércoles, con 47 votos, la Asamblea Legislativa resolvió aprobar el presupuesto de 2017. Tras una acalorada sesión plenaria, la bancada de Arena fue la única que no votó.
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La propuesta del presupuesto presentada en septiembre incluía un aumento de $97 millones respecto al presupuesto de 2016 con alzas en el pago de salarios y bienes y servicios. Según el anteproyecto, del Fondo General $915.1 millones serían destinados al ramo de Educación, $381.2 millones al de Seguridad Pública y $584.7 millones al de Salud.
A inicios de octubre pasado, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), reiteró el problema que venían presentando los presupuestos en los últimos años: sobre estimación de ingresos, sub estimación de gastos o pago de deuda no considerada. Fusades calculó significativos faltantes de $808 millones para el presupuesto 2017, al no considerarse, por ejemplo, partidas como el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), los subsidios, devoluciones a los exportadores y Letras del Tesoro (Letes).