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El presupuesto 2017 no resuelve problema fiscal

Analistas consideran que el proyecto tampoco elimina riesgo de caer en impago.

Plenaria

En el Presupuesto General de la Nación solo se agregó una partida simbólica de mil dólares para pagar las pensiones del Ipsfa

/ Foto Por Archivo

Por Vanessa Linares negocios@eldiariodehoy.com

Ene 19, 2017- 20:45

El Presupuesto General de la Nación 2017 aprobado este miércoles por la Asamblea Legislativa sigue siendo un proyecto incompleto que no resuelve los problemas fiscales del país ni elimina el riesgo de volver a caer en impago, consideraron algunos analistas económicos.

La aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal de este año, cuya discusión demoró más de un trimestre, no logró corregir todas las observaciones de desbalance financiero que recibió y tampoco suplió todas las carencias que habían retrasado dicho acuerdo.

“El presupuesto no varió de lo que se presentó a la Asamblea, por lo tanto no refleja los acuerdos ni las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Prácticamente se hizo lo mismo que en años anteriores, incluso, se fue más allá en la mala práctica, porque en esta ocasión se dejó fuera el servicio de la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP)”, indicó el economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde)Carlos Pérez.

Y es que, en el documento aprobado la noche de este miércoles,  no está incluido, “en la magnitud que se debe”, los recursos para el pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), el pago a los desmovilizados de la fuerza armada y ex combatientes del FMLN, el escalafón del Ministerio de Salud (al menos  no completo), el servicio de la deuda del FOP, las devoluciones de impuestos y el presupuesto para las próximas elecciones, entre otras cosas. 

Por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesitaba un presupuesto de $40 millones, se le asignaron solamente $200,000; y a las partidas para las pensiones del Ipsfa y los Certificados de Inversión Previsional (CIP, que sirven para honrar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema) que necesitan $52 millones y $227 millones, respectivamente, les fueron aprobados apenas $1,000 de manera “simbólica”.

El ministerio de Hacienda señaló a través de un comunicado que con la aprobación presupuestaria “se atiende el primer requisito estipulado en la Ley de Responsabilidad Fiscal”. 

La cartera de Estado indicó que el presupuesto “tiene un déficit fiscal del 3.3 % de los cuales 1.3 % corresponde al déficit del Sector Público No Financiero, que responde directamente al manejo del gasto público” y el otro 2 % a la carga con que se pagan las pensiones.

Hacienda aseguró estar “haciendo los esfuerzos necesarios para buscar el financiamiento para el pago del FOP e Ipsfa”, y aprovechó para urgir la aprobación de una reforma integral al sistema de pensiones en el primer semestre del año.

“Hoy más que nunca tenemos conciencia de las limitaciones del presupuesto, en particular del gasto, y siendo congruentes con el estado de las finanzas públicas solicitamos a los ejecutores tener una mayor racionalidad y austeridad para la ejecución de sus planes de gasto”, reconoció la entidad. 

El economista Claudio de Rosa,  consideró que este es un “presupuesto mentiroso porque no cuenta toda la realidad que sucede en el ámbito fiscal” y, además, adolece de las mismas “irresponsabilidades” que tuvo el de 2016.

Más presión por financiamiento

Los analistas coincidieron en el agravante de “ingresos claramente sobre estimados” que harán significativa presión para encontrar financiamiento que ayude a honrar los compromisos que quedaron fuera y que son considerados “gastos sensibles e ineludibles”.

Pérez destacó en cuanto a los ingresos, que el valor presupuestado este año es 7.3 % más en comparación a lo ejecutado en 2016; sin embargo,  considerando el aumento de 2.9 % obtenido el año pasado, “dicho aumento está sobre valorado”. 

Así, el representante de Funde calculó que los ingresos no crecerán más del 4 % en 2017, por lo que solo ahí el presupuesto tendría un faltante de $137 millones. 

El también analista, Luis Membreño, añadió que en la medida en que los gastos ineludibles no se incluyeron en el presupuesto, y considerando que el margen para la emisión de más Letras del Tesoro (Letes) será mucho más escaso que en 2016, eventualmente el Ministerio de Hacienda recurrirá a la Asamblea para que apruebe una fuente de financiamiento como nuevos bonos y préstamos.

“Es obvio que vamos a tener problemas de impago, principalmente en el segundo semestre de cada uno de los años que vienen, incluido este de 2017”, dijo Membreño.

El pago con un “menor costo político”, dicen, sería adquirir más deuda;  con el mayor (costo), tal como lo indicó el titular de Hacienda, Carlos Cáceres, implicaría aumentar en al menos dos puntos el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además que se adiciona el riesgo de que las calificadoras de riesgo rebajen un peldaño más a las calificaciones de riesgo soberano de El Salvador, ubicando al país en evidente “alto riesgo de impago”. La situación, encarecería las tasas de interés por el nuevo financiamiento dejando menos recursos para suplir los programas sociales. 

“El impago vuelve a ser probable, por cuanto la gestión presupuestaria seguirá siendo igual que en los años anteriores y la emisión de deuda se volverá más difícil”, auguró Pérez.

¿Inconstitucionalidad?

Además de que técnicamente las cuentas no cuadran, diversos sectores aseguran estar inconformes con la asignación de partidas en el presupuesto.

Así, es probable que a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comiencen a llegar recursos de inconstitucionalidad amparados en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.  Para Membreño, al dar sus votos, los partidos pequeños de oposición desperdiciaron una oportunidad importante.

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