El Banco Central de Reserva (BCR) les dio una prórroga, de más de un año, a las empresas que captan remesas, que todavía no estaban listas para adoptar el nuevo sistema de recopilación de información que implementará el banco, por el momento seguirán enviando la información por medios tradicionales.
El pasado 1 de enero, entraron en vigencia las nuevas disposiciones que contiene la reforma de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que afecta directamente a las empresas captadoras de remesas, las cuales deben enviar al BCR información del cliente. Desde el 31 de agosto también se le debe enviar información a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
La reforma obliga a dichas compañías a entregar la remesa al destinatario, siempre y cuando este brinde la la información que se le solicita: nombre de quién envía la remesa, en qué trabaja el emisor, dirección de dónde vive el destinatario y para qué se lo envía, es decir en qué lo invertirá o gastará.
Esto significará que cuando una persona persona llega a la institución a cobrar su remesa, el cajero le realiza una serie de preguntas para llenar un formulario electrónico. Ese documento donde va información clave del cliente deberá ser enviada a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), al banco central y a la Fiscalía General de la República.
“Las Normas Técnicas para el Registro, Obligaciones y Funcionamiento de Entidades que Realizan Operaciones de Envío o Recepción de Dinero (NRP-12) fueron aprobadas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador el 17 de diciembre de 2015, y su entrada en vigencia fue el 04 de enero de 2016”, estableció el BCR.
Esta reforma se realizó con el fin de eliminar los riesgos de lavado de dinero, ya que antes las personas podían recibir $3,000, $5,000, $10,000 o más en una remesa, sin importar tampoco cada cuánto tiempo se las enviaban, ni quien era el emisor.
Sin embargo, a pesar de que la Ley está en vigencia desde enero, las receptoras de remesas no la están cumpliendo, o al menos no la mayoría, ya que argumentaron no estar listas para echarla a andar desde sus sistemas.
En ese sentido pidieron una prórroga al BCR para implementar dicho sistema, y este se las concedió y les dio de plazo hasta marzo del próximo año.
Berta Silvia Mena, gerente de caja central y servicios financieros de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (Fedecaces) aseguró que la normativa es un requerimiento contra el lavado de dinero, tal y como se implementa en otros países, empero uno de los cuestionamientos que hace, es que unas entidades están cumpliendo la Ley y otras no. “Nosotros hemos sido de las primeras instancias financieras que estamos cumpliendo los requerimientos, pero la mayoría no los están cumpliendo”, se quejó Mena.
¿Desconfianza?
La reforma ha causado incomodidad y hasta desconfianza en las personas que reciben remesas, ya que anteriormente retirar su dinero solo implicaba entregar el DUI, brindar el nombre de quién se lo enviaba y de cuánto era el envío, pero ahora brindar tanta información genera temor, ya que creen que es para saber si sus parientes están ilegales.
No obstante, Mena confiesa que en Fedecaces se han dado un par de casos sospechosos, en los que la gente desiste de retirar la remesa, ya que se niegan a dar información porque los montos a retirar andan entre los $3,000 y $10,000, cuando el promedio de remesa es de $500.
La desconfianza y el temor que se generó al inicio es que las personas tanto en Estados Unidos, u otro país, y las residentes en El Salvador, se preguntan qué harán con la información extra solicitada.
Las autoridades aseguran que la gente debe estar tranquila, ya que no se trata de averiguar quiénes son ilegales en Estados Unidos, y tampoco se hará un mal uso de esos datos en El Salvador, que pueda poner en peligro a la persona que recibe el dinero, solo se trata de evitar el “lavado de dinero”.
Habrá sanciones
“De acuerdo con lo establecido en el art. 29 de las Normas Técnicas para el Registro, Obligaciones y Funcionamiento de Entidades que Realizan Operaciones de Envío o Recepción de Dinero, el incumplimiento de la normativa por parte de los sujetos obligados será sancionado según lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero en su Capítulo VI Infracciones y Sanciones”, informó el BCR.
Estas sanciones pueden ser: amonestación escrita, multa, inhabilitación, suspensión, cancelación en el registro respectivo o revocatoria de la autorización que les haya otorgado. Cuando la conducta que ha originado el incumplimiento o infracción se encuentre tipificada y sancionada en otra ley de carácter financiero aplicable al supuesto infractor, la Superintendencia impondrá las sanciones establecidas por el otro cuerpo legal observando el procedimiento sancionatorio establecido en la Ley.