El Gobierno argumenta que no puede pagar por sí solo un aproximado de $500 millones anuales que necesita para pagarle la pensión a los jubilados del ISSS y el INPEP, pero con la reforma de pensiones que está impulsando planea entregarle una pensión básica de $207 a más de 250 mil adultos mayores que nunca han cotizado en el sistema previsional.
Asimismo ha planteado que dará pensión mínima a otras 400 mil personas que no alcanzarán a cumplir con los requisitos de jubilación que exige la ley.
De acuerdo con el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, con la reforma que presentarán a la Asamblea Legislativa se busca que todos los adultos mayores tengan una pensión, pues según el funcionario, con el actual sistema solo unos 200 mil ciudadanos que cotizan a las AFP podrán cumplir los 25 años de cotización.
“En el sistema actual no todo el mundo tiene derecho a pensión, solamente un 25 por ciento, aproximadamente, tiene derecho a una pensión, de un universo de 650 mil cotizantes; porque la gran mayoría nunca termina de cotizar los 25 años (…). Eso no es justo ni correcto -dijo-, creemos que toda persona tienen derecho a tener una pensión”, explicó el funcionario.
Sin embargo, la fuente financiera de la que se pretende sacar el dinero sigue siendo a través de dinero prestado, que proviene de los ahorros de los cotizantes de las AFP.
Desde 2002, cuando se acabaron las reservas técnicas del INPEP, el Gobierno no ha incluido en el presupuesto general de la nación el pago de las pensiones; cuando esta es una obligación como el pago de sueldos públicos o el pago de facturas y, por el contrario, lo ha financiado a través de deuda. Los primeros años logró financiarlo con préstamos, pero en 2006, con la oposición del FMLN en la Asamblea Legislativa, el Gobierno de Antonio Saca decidió crear el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con el que aún se siguen pagando las pensiones a los jubilados del sistema previsional anterior.
Lorenzana aseguró que solo este año se pagarán $600 millones en pensiones y que en los próximos tres años ese gasto aumentará hasta más de $1,000 millones, para lo cual, dice, “el Estado no tiene la capacidad de pago”.
Pero, esa frase de Lorenzana es la que la que hace pensar al presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los fondos de pensiones (Comtradefop) que el Gobierno solo quiere resolver un problema fiscal y promete el pago de pensiones en el futuro, sin que haya ningún respaldo financiero.
“Si no han podido pagar las pensiones de hoy, cómo sé yo que van a poder pagar las pensiones en el futuro”, dijo el representante sindical.
La solución que plantea el Gobierno es crear un sistema mixto en el que el Estado vuelva a recibir las cotizaciones de los trabajadores ,y así tener recursos para pagar esas pensiones mínimas.
En primera instancia, el Gobierno plantea apropiarse de más de $4,000 millones que ahora están en las AFP a través de cuentas individuales similares a las cuentas bancarias.
Otra de las críticas sobre la capacidad de pago estatal viene por el lado del gasto. Según las cifras del Banco Central, hasta agosto de 2015 el pago de pensiones que tenía el Estado era de solo $305 millones; mientras que el gasto en salarios para empleados públicos fue de $1,477.8 millones, lo que triplica el gasto para seguridad social.
Los datos señalan también que el Gobierno paga más en concepto de intereses por la deuda que lo que gasta en pensiones. Solo a agosto del 2015 el pago de intereses era de $460 millones.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señala que este es un desequilibrio fiscal que está creando un mito de que las pensiones son el problema del Gobierno, cuando en realidad, son los gastos en salarios los que están ahogando las finanzas públicas; debido a que se han contratado miles de simpatizantes del partido oficial en el Estado.
Fusades y la Fundación Nacional de Desarrollo coinciden en que el Gobierno podría reducir el pago de pensiones fácilmente sin necesidad de endeudarse.