Representantes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (Comtradefop), lamentaron ayer que el Gobierno busque apropiarse de más del 50 % de los ahorros de los trabajadores, al tener como propuesta implementar un sistema mixto en la reforma de pensiones.
Según lo reitero hace dos días el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, el Gobierno apuesta por implementar un sistema mixto para administrar las pensiones.
Esto significa que quienes ganen hasta dos salarios mínimos ($484 mensuales) deberán cotizar con el Estado y quienes ganen de esa cantidad en adelante, lo harán con las Administradoras de Fondos de Pensión.
De acuerdo con Lorenzana, con el plan que presentarán a la Asamblea Legislativa se busca que todos los adultos mayores tengan una pensión, pues según el funcionario, actualmente solo unos 200 mil ciudadanos que cotizan a las AFP podrán cumplir los 25 años de cotización.
La solución que plantea el Gobierno es crear un sistema mixto en el que el Estado vuelva a recibir las cotizaciones de los trabajadores ,y así tener recursos para pagar esas pensiones mínimas.
Aunque no se conoce de manera puntual los detalles de la propuesta, para los representantes de diferentes sectores productivos, el Gobierno solo está buscando salir del problema fiscal que tiene actualmente, sin prever los graves problemas a futuro.
Propuestas inconstitucionales
El Gobierno además de estar manejando la reforma al sistema de pensiones de una manera muy hermética, está cometiendo el error de presentar propuestas para mejorar la rentabilidad de los ahorros, sin tomar en cuenta las declaratorias de la Sala de lo Constitucional, según lo advirtió ayer el abogado de Comtradefop, Enrique Anaya.
De acuerdo con el experto en materia jurídica, la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, riñe con la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2014.
La propuesta de la cartera de Estado es inconstitucional por dos razones fundamentales: la primera porque habla de que “las nuevas emisiones van a devengar una tasa de interés ajustable semestralmente”, cuando la resolución de la Sala aclaró el 22 de enero de 2015 que la nueva tasa de interés se va a aplicar a las nuevas emisiones y a las emisiones realizadas antes de la sentencia.