ATENAS. Mientras Grecia atraviesa el sexto año de crisis y el Estado continúa bajo asfixia financiera, el Gobierno se ha comprometido a una tarea que se asemeja imposible: reformar el sistema de la seguridad social y hacerlo sostenible, todo ello sin aplicar un tijeretazo a las pensiones principales.
Con el desempleo en el 25 % y una economía que ha caído el 25 % en los últimos años y un desequilibrio dramático entre población activa y jubilados -por cada pensionista tan solo hay 1.7 trabajadores- el sistema de pensiones se encuentra prácticamente colapsado.
Grecia gasta para las pensiones más del 16 % de su producto interior bruto (PIB) -la media europea es del 15.5 %-, un porcentaje que se ha disparado como consecuencia de la crisis y del aumento del desempleo. En 2009, este porcentaje todavía era del 11.7 %.
La propuesta de reforma que el Gobierno todavía está negociando con los acreedores contempla el incremento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, la unificación de las 13 cajas de pensiones en una y la introducción de normas de cotización uniformes del 26.95 % de los ingresos imponibles para todos los colectivos.
El Gobierno de Alexis Tsipras ha dado prioridad a mejorar la parte de los ingresos y evitar tocar el gasto (tan solo las pensiones futuras y las suplementarias sufrirán recortes). Su principal argumento es que una nueva reducción de las pensiones agravaría la crisis humanitaria en el país.
Su punto de vista lo apoya un estudio del instituto de estudios económicos IME, según el que en 2015 las pensiones constituían para el 51.8 % de los hogares la fuente principal de ingresos.
Para Savvas Robolis, catedrático emérito de finanzas laborales, uno de los principales problemas del proyecto gubernamental es que mira tan solo resolver problemas a corto plazo.
Robolis considera que mientras Grecia no logre un crecimiento de entre el 1 % y 1.5 % hasta 2028, no hay reforma sostenible posible.
Hasta ahora los acreedores se han mostrado recelosos de que estas recetas sean suficientes, sobre todo si se tiene en cuenta que tan solo en las dos principales cajas de la seguridad social (la de los asalariados IKA y la de autónomos OAEE) el déficit suma ya 1,540 millones de euros.
La población no recurre a estas cifras, pero comparte el análisis. Después de seis años de recortes que han llevado a que la pensión se convierta en el principal sustento de la mayoría de las familias, los ciudadanos sienten que no puede afrontar ni una subida más.