El borrador del anteproyecto de Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones al que tuvo acceso El Diario de Hoy demuestra que el Gobierno solo pretende “una reforma de pensiones con finalidad fiscal”, así lo describió el abogado del Comité de Trabajadores para la Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya.
Explicó que al revisar el documento este no demuestra una solución al problema de las pensiones, y sólo refleja que son acciones para mejorar la situación fiscal del Gobierno, la cual se ha visto debilitada en los últimos años.
Para el abogado, dicho anteproyecto de reforma no responde una diversidad de factores que necesitan ser abarcados. Por ejemplo, en el documento no se dice cómo se potenciará la cobertura de cotizantes en el país, tampoco la suficiencia de los fondos.
De igual manera, reiteró que el documento no demuestra si aplicará un sistema que sea sostenible en el tiempo.
Anaya aseveró que uno de los principales impactos que esta reforma causará es la expropiación de los ahorros de los trabajadores salvadoreños. Enfatizó que el traslado de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al régimen de reparto del Estado vendría a ser un “mecanismo de apropiación” indebida de los fondos.
Reiteró que aparte de ser “una apropiación de los ahorros de los trabajadores, habría que discutir si es apegado a la Constitución, en mi opinión no lo es”, apuntó.
Una agravante de esta medida, dijo, es que sería una manera de nacionalizar el sistema de pensiones, debido a que esta acción reduciría el monto de los fondos que manejan las AFP, convirtiéndolas en menos rentables.
Asimismo, mencionó que con esta expropiación de los fondos, las AFP tendrán menor margen de acción, es decir, no tendrán flujo suficiente para cubrir sus obligaciones de la mejor forma; dejándolas con fondos limitados.
Trabajadores perderán todos sus ahorros
El jurista indicó que el segundo impacto más grande es que habrá muchos trabajadores que perderán todos sus ahorros. Eso es porque el anteproyecto de reforma estipula que quien gane menos de dos salarios mínimos solo cotizará al régimen de reparto del sistema mixto; o sea que todo lo que ha ahorrado pasaría a las cuentas del Estado.
Según las cifras oficiales, más del 50% de los cotizantes de las AFP reportan ingresos menores a dos salarios mínimos; lo que implicaría que cerca de 4,300 millones de dólares pasarían al sistema de reparto (actualmente el fondo de pensiones en las AFP suma 8,500 millones de dólares, monto acumulado de los ahorros aportados desde 1998).
Uno de los puntos observados en el documento, contemplado en el artículo 77 de las disposiciones finales, reza que las AFP trasladarán los fondos en Certificados de Inversión Previsional (CIP) al Instituto Nacional de Pensiones (INP), quien luego pasará los CIP al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
En este punto, Rafael Lemus, analista económico, en una entrevista televisiva, aseveró que con este tipo de acciones el Gobierno estaría borrando la deuda que ha adquirido con las pensiones.
Lemus comparó el régimen de reparto con el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA), mencionando que este último es “un sistema de reparto, ya no tiene reserva, tiene déficit y el Gobierno no tiene dinero, ¿puede pagar esas pensiones, entonces?”, recalcó.
Además, calificó que el “robo” que está realizando el Estado a los trabajadores se origina por la baja tasa de interés con la que les pagará a los cotizantes, además de que este “ya no puede ni capital ni interés de la deuda; entonces, ¿qué quiere hacer? llevarse parte del fondo para borrar esa deuda”, cuestionó.
Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), comentó que hay dos puntos importantes en esta situación, el primero es que el Estado estará tomando parte de los fondos de pensiones para “llevarlos a un cuenta difusa”, los cuales quedarán a disposición del Gobierno.
Adicionalmente, Cardenal criticó que el Gobierno haya sido “poco serio e irresponsable” al estar ocultando la propuesta de la Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, indicando es un tema que debería manejarse con gran transparencia.
El segundo punto, apuntó el líder de la Cámara es que, a través de “propaganda engañosa”, el FMLN, ha atacado a las AFP, cuando ha sido el Estado el que no ha pagado tasas de interés de mercado a los cotizantes. Es por esto puntos que el líder de la gremial externó que es una reforma diseñada para resolver un problema de “flujo de caja”, pues únicamente estaría aliviando una situación fiscal.
Otro aspecto preocupante, según el borrador al que tuvo acceso El Diario de Hoy, es que la pensión mínima cambiará anualmente dependiendo de la disponibilidad de fondos del Estado.
Sobre el ajuste que cada año haría el Estado sobre la pensión mínima, el asesor macro económico de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Carlos Pérez Trejo, dijo que eso no es una novedad, pues el Gobierno ya publica cada año el monto de dicha pensión, pero aclaró que nunca antes se ha reducido. “El riesgo que tenemos de aquí en adelante es que, como ya se pone como una condicionante la disponibilidad de recursos, el Estado pueda en un momento determinado disminuir la pensión”, dijo.
Añadió que el Estado tampoco tendría muchos recursos disponibles aún si se hace la reforma de pensiones que busca el Gobierno. Esto e porque la recaudación anual de las cotizaciones no sería suficiente para pagar a todos los pensionados del sistema público y a las AFP.
“Solo con los pensionados del antiguo sistema tienen problema, ya no se diga cuando lleguen los nuevos pensionados que manejan las AFP… hemos hecho estimaciones de que incluso el primer año podría el gobierno quedar en rojo porque la recaudación no sería suficiente para cumplir los compromisos”, explicó.
Por su parte, la coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo, María Elena Rivera, dijo que es un avance eliminar la discrecionalidad al establecer una pensión mínima. Para ella es positivo que la reforma considere los cambios en precios al consumidor o salarios para definir un monto.
Sin embargo, cree que “la doble condición que se impone al ajuste con respecto a la disponibilidad de recursos del gobierno debilita el avance”
Afirmó que aunque es necesario tomar en cuenta las finanzas públicas en el pago de la pensión mínima “es importante otorgar certidumbre a la población y sobre todo librar de decisiones arbitrarias el ajuste a las pensiones”.
Ayer la Cámara de Comercio emitió un comunicado en donde alertan a los trabajadores salvadoreños, explicándoles que son ellos “los legítimos propietarios del dinero ahorrado en las AFP”, motivo por el que son los únicos que pueden decidir sobre dichos fondos. De igual forma, demandan al Gobierno y diputados de la Asamblea Legislativa que no impongan cambios en el sistema de pensiones que “atenten contra la propiedad de los ahorros y su rentabilidad”. Finalmente, Cardenal aseguró “no defendemos a las AFP sino a los trabajadores”.