El consultor tributario, Max Mojica, explicó que se debería revisar la constitucionalidad de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia que entró en vigencia el año pasado y que tasa el 5% al servicios de telecomunicaciones a los usuarios.
Mojica alega que es deber del Estado proporcionar seguridad a la población, aun si este no tuviese recursos para hacerlos, y es por eso que menciona que “no se puede tributar la seguridad”. Esto sucede puesto a que una contribución especial tiene un objetivo primario, mientras que un impuesto tiene finalidades generales (educación, salud y seguridad, por ejemplo). Añadió que “la seguridad es intrínseco del Estado”, motivo por el que no puede ser visto como una contribución especial.
Es decir, que si se establece un tributo para combatir la delincuencia debe ser considerado como un impuesto y no contribución especial. Otro punto es que este nuevo impuesto, por estar establecido como una contribución especial, tiene un período de tiempo para efectuarse. En este caso estará vigente por cinco años; no obstante, Mojica considera que el impuesto “vino para quedarse”.
Esto último lo menciona ya que las contribuciones especiales tienen una finalidad específica por un tiempo específico, por ejemplo: un gobierno repara un puente colapsado y pone un peaje para que los conductores paguen, una vez el estado recibe una recuperación de su inversión, retira el peaje y los conductores pueden transitar libremente.
En este caso, no es posible que en cinco años, con esta contribución especial, el Gobierno eliminará toda la criminalidad y la población dejará de tener la “necesidad de seguridad” para cuando el período de vigencia finalice, explica Mojica. Por eso reitera que será un impuesto que el Estado mantendrá.
Cuando el Estado anunció este impuesto el año pasado, muchos analistas cuestionaron porqué debería tributar el sector de telecomunicaciones para resolver problemas de seguridad. Para el consultor, el Gobierno eligió este sector debido a la cantidad de usuarios de telefonía celular.
Según cifras proporcionadas por Mojica, en el área urbana del país el 93% de la población reporta tener un teléfono celular, y en el área rural son el 85%. Puesto en otras cifras: 9 de cada 10 salvadoreños usan un celular.
No obstante, pese al discurso que mantuvo el Gobierno central sobre la necesidad de esta legislación para fondear proyectos de seguridad, sus ingresos en materia de tributos han aumentado en los últimos años.
Este tipo de acciones, según Mojica, son acciones que vienen a dañar directamente la inversión en el país.
“La carga tributaria es más agobiante y con eso llegaremos a cero inversión”, concluyó.