No hay seguridad sobre los beneficios del sistema mixto porque el Gobierno no ha hecho pública la evaluación sobre el impacto de esta reforma a largo plazo.
Ese fue uno de los mensajes que compartió la coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo, María Elena Rivera, en entrevista del programa radial Pencho y Aída.
“Ahorita estamos viendo una propuesta pero no conocemos una evaluación actuarial para saber la sostenibilidad del sistema”, expresó la experta.
Las evaluaciones actuariales miden el impacto que una política tendrá sobre una población en el corto y largo plazo. Variables como vida laboral, monto de las pensiones, origen del dinero para pagar y otros son los que se incluyen en estos informes.
Rivera expresó que no hay seguridad sobre si las mejoras que puede traer el sistema mixto serán sostenibles. Esto porque no se ha hecho público ningún estudio que fundamente la reforma que busca el Gobierno.
La representante de Fundaungo mencionó como ejemplo el proceso de reforma que actualmente sigue Chile. Ese país conformó una mesa con varios técnicos, nacionales y extranjeros, quienes realizaron un diagnóstico sobre el sistema y elaboraron propuestas preliminares, las cuales luego fueron consultadas con varios sectores de la población.
“Fue un proceso que duró cerca de 18 meses… concluyó con la presentación de propuestas que ya tienen un respaldo técnico y un conocimiento de toda la sociedad”, añadió.
En El Salvador, en cambio, aunque se ha conocido un diagnóstico del sistema, elaborado durante la administración Funes, no se conoce de manera pública los cálculos sobre el efecto que el sistema mixto tendrá en monto de pensiones, calidad de vida de jubilados y otros.
El director de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Álvaro Trigueros, criticó que acá por el contrario se trata de hacer una reforma en un plazo de 20 días. “Definitivamente esa discusión va a ser insuficiente”, expresó.
Reforma no es integral
Tanto Rivera como Trigueros coincidieron en que el anteproyecto de reforma que se ha dado a conocer en los medios aborda superficialmente algunos problemas de seguridad social como la baja cobertura de cotizantes o la rentabilidad de los ahorros.
En el sistema de cuentas individuales de la actualidad “hay cosas que mejorar, muchas medidas que se pueden tomar, pero esas medidas no se están discutiendo”, añadió Trigueros.
Es más, el analista, opinó que la reforma lleva a situaciones que rayan con lo absurdo al separar las cotizaciones entre el fondo de reparto y una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).
Un trabajador que gana $500 puede cotizar a ambos sistemas, explicó. $50 de su salario quedan como ahorro, pero de hacerse la reforma, $49 irán al fondo público y solo $1 a la AFP.
“La cuenta individual va a estar ahorrando un dólar al mes, con eso no va a hacer nada en su futuro”, expresó.
En este caso precisó María Elena Rivera, el trabajador prácticamente solo podrá contar con la pensión mínima de $207.60 para su jubilación. Sin embargo recordó que no hay seguridad en los posibles beneficios que esta reforma pueda traer si no se cuenta con un estudio.
Rivera se refirió a un artículo del borrador de reforma del Gobierno, el cual establece que cada año cambiará el monto de la pensión mínima. Los criterios para definirla serán los precios al consumidor, el monto de los salarios y la disponibilidad de recursos del Estado.
La analista reconoció como un avance el que se use criterios objetivos como indicadores para la pensión mínima, dejando de lado así decisiones arbitrarias.
Pero el ajuste automático se ve debilitado por el tercer criterio, ya que el borrador no especifica que variables definen la “disponibilidad”.
Cálculos del BID
En 2014 el Gobierno gestionó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un estudio, por un valor total de $200 mil, para calcular el impacto que un sistema mixto de pensiones tendrá en la economía y la calidad de vida.
Los técnicos del BID empezaron dicho estudio actuarial a inicios de 2015. Recientemente, el representante del organismo en El Salvador, Marco Nicola, dijo que los resultados “no deben tardar mucho” y posiblemente estén listos durante el primer trimestre de 2016.
El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ha dicho en el pasado que están esperando estos resultados para presentar la propuesta de reforma ante la Asamblea Legislativa.
Mientras tanto, el FMLN y el Gobierno mantienen una campaña en la que hablan de los posibles beneficios de esta propuesta y la inminente entrada del decreto a las discusiones de la Asamblea.