A partir de este año el Gobierno mantendrá una base de datos con información personal de quienes envían o reciben remesas, además de las cantidades de dinero que se movilizan en estas transacciones.
Según las nuevas normas técnicas que publicó el Banco Central de Reserva (BCR) el mes pasado, los agentes de remesas (y las empresas de transferencia salvadoreñas) tendrán que enviar diariamente información estadística a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) sobre la cantidad de remesas y montos enviados.
La nueva normativa estipula que los formularios para esta base de datos también incluirán información personal como nombre, DUI, dirección y parentesco de las personas que reciben las remesas. Lo mismo aplica cuando el envío se realiza desde El Salvador.
Toda la información será resguardada por la SSF con motivo de supervisar el funcionamiento de las empresas remesadoras y el flujo de efectivo que estas tienen. 
Hasta ahora, el BCR mantenía un reporte mensual sobre el ingreso de remesas al país, pero este consistía únicamente de un monto total.
La especialista del departamento de Normas Técnicas del BCR, Wendy Doñán, dijo que el principal cambio será que las empresas remesadoras pasan a formar parte del sistema financiero, con sus reglas y mecanismos de supervisión.
Doñán explicó que los bancos que envían remesas “estaban obligados a realizar todo en base a la normativa y a ser supervisados por la Superintendencia, mientras que ellos (las remesadoras) tenían solo su control interno y las políticas que pudiera darle a su representante en El Salvador”.
Seguridad
Respecto a este cambio, el economista Claudio de Rosa consideró que es un esfuerzo positivo para monitorear y prevenir prácticas ilegales como lavado de dinero.
No obstante, añadió que por la cantidad de información personal en la base de datos, se debe cuidar el buen uso del registro.
“Si es para evitar actos ilícitos está bien, pero hay que cuidar el secreto bancario, salvo cuando lo requiera la justicia”, expresó.
La directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Marcela Jiménez, dijo que este monitoreo es similar al que se hace en otros países pues abarca las transferencias y los posibles riesgos operativos de las empresas.
¿Cambios en servicio?
Para bancos y empresas remesadoras la nueva normativa significa que tendrán que modificar los reportes de información que ya envían a entidades como la Fiscalía General de la República o la SSF.
Marcela Jiménez añadió que en los bancos que dan el servicio los cambios serán internos, relacionados a los reportes que ya envían.
Al ser consultada sobre si la normativa generará un costo sobre el servicio, Jiménez dijo que “desarrollar sistemas informáticos siempre tiene un costo, pero no tenemos ningún reparo. Siempre estamos dispuestos a brindar información estadística para el control de riesgos”.
Por su parte, la especialista del BCR explicó que “para los supervisados nada más va a ser un ajuste a su sistema. No debería ser tan oneroso porque… ya ellos tendrían que tener una base de remesas y transferencias”.
Doñán y Jiménez coincidieron en que estos procesos no tendrían por qué afectar la manera en que los salvadoreños reciben el servicio.
Las empresas que deseen trabajar con remesas tienen que registrarse ante la SSF a más tardar el mes de abril. En ese período la superintendencia les entregará el formato para registrar la información.