Corte de Guatemala suspende salarios diferenciados

La constitucional guatemalteca resolvió que la suspensión es provisional en decisión unánime.

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La decisión fue suspender provisionalmente los salarios mínimos diferencias en cuatro municipios de ese país centroamericano.

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2016-01-07 8:00:00

GUATEMALA. La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió hoy suspender “provisionalmente” los acuerdos gubernativos que establecen salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios del país.

“La CC, en decisión unánime, dispuso suspender provisionalmente la vigencia de esos acuerdos gubernativos” o decretos ejecutivos, explicó a los periodistas el secretario de la Corte, Martín Guzmán.

El Ministerio del Trabajo aprobó el pasado 31 de diciembre fijar los salarios mínimos diferenciados en los cuatro municipios, y tres días después la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) calificó la medida de “regresiva”.

Los salarios, inferiores al mínimo vigente para el resto del país, se aplicarían a los trabajadores de las industrias de manufactura ligera para la exportación de los municipios de Masagua (Escuintla), Estanzuela (Zacapa), San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (El Progreso).

Este sueldo diferenciado asciende a 1,954.95 quetzales (unos 256.1 dólares), un 23 % menos que el salario mínimo para exportación y maquila en el resto del país, fijado en 2,534.15 quetzales (unos 331.97 dólares). Esta medida, ordenada por el presidente, Alejandro Maldonado, generó una gran controversia en el país y también provocó que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Movimiento Sindical Indígena y Campesino presentaran dos acciones de inconstitucionalidad contra estos acuerdos.

Según el secretario del mayor órgano jurisdiccional del país, la decisión atiende al artículo 138 de la ley de amparo, que establece que la corte debe decretar la suspensión temporal si “la inconstitucionalidad fuera notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables”.

A partir de ayer se abre un plazo de 15 días para que el presidente, entre otros organismos e instituciones, presenten los argumentos que tomaron en cuenta para adoptar esta decisión. El Ejecutivo de Alejandro Maldonado había asegurado que este nuevo decreto no contraviene la jurisprudencia de la CC. ACAN-EFE