La primera reunión del año del Consejo del Salario Mínimo se llevó a cabo ayer, en donde la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) dio a conocer su propuesta de incrementar dicho salario en 9% por medio de tres tramos, del 3% anual cada uno.
Para Waldo Jiménez, director de asuntos económicos y sociales de la Anep, la propuesta empresarial está basado en consideraciones y análisis técnicos, y no en “medidas populistas”, como la propuesta que el Gobierno busca establecer. Esto se debe a que un incremento muy alto y repentino del salario podría verse reflejado en consecuencias negativas como el desempleo o la migración al sector informal.
Para explicar este punto: si el salario mínimo incrementa repentinamente, muchas micro y pequeñas empresas no podrían cubrir sus costos y para lograr eso tendrían que recurrir a despidos, encarecimiento de sus productos o incluso el cierre de sus negocios.
Es importante tener en cuenta que estos negocios son de supervivencia, y pagar salarios muy altos de repente significa consecuencias negativas; motivo por el cual consideran que es mejor una programación gradual para ese aumento.
Jiménez explicó que la propuesta del gobierno no está basado en ningún análisis técnico y no trae ningún beneficio práctico tanto para las empresas como para los trabajadores.
La propuesta gubernamental se basa en un incremento simplificado ($300 para la zona urbana y $250 para la rural). Aunque en papel esto suena atractivo, la realidad es otra; por ejemplo, un sector como el agrícola, que ha sufrido secuelas negativas por culpa de la sequía, y que llevan ya temporadas experimentando pérdidas de sus cosechas, no serían capaces de continuar produciendo si el salario sube a $250.
Un sector en donde sus productores viven percibiendo pérdidas, no tendrán el dinero suficiente para poder pagar ese tipo de salarios, lo que se traduce en desempleo para la gente y más pérdidas para los agricultores.
Jiménez explicó que los que también se verán afectados por estos incrementos serán las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme); ya que las empresas grandes pagan salarios por arriba del mínimo, y son las mipymes las que comúnmente pagan salario mínimo.
Por su parte, Víctor Rodríguez, presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIES), aseguró que se debe elaborar un incremento en donde no se vean afectadas las micro y pequeñas empresas.
“Un incremento debe basarse en análisis técnico, no en decisiones populistas”, aseveró el directivo. Rodríguez asegura que tanto las propuestas del Estado como las de los grupos sindicalistas, que también forman parte del Consejo, son exageradas y no serían sostenibles para los pequeños empresarios.
En ese sentido, la empresa privada considera que esas medidas son contraproducentes y al final son populistas; puesto a que solo traerían más daño, creando más desempleo y más informalidad; así como también un mayor incremento en la inseguridad del país. “Es importante hacer este proceso (de revisión del salario mínimo) de manera ordenada, con la menor interferencia de los políticos que siempre buscan colocarse una medallita en este tipo de procesos y debe estar basada en argumentos económicos y sociales, a partir de datos que generan las mismas instituciones públicas”, dijo Jiménez.
La propuesta de la empresa privada gira entorno a dos objetivos: el primero es que se busca mejorar la capacidad adquisitiva de la población. Jiménez comentó que hay una relación directa entre salario mínimo y salario promedio; esto significa que si sube el mínimo también aumenta el promedio.
Pero también explicó que el país ha tenido una larga trayectoria de inflación baja (este es el dato oficial que mide cuánto se encarecen los bienes y servicios que compramos). Actualmente la inflación acumulada desde 2013 ha sido de 1.8%; ese mismo año se llevó a cabo la última revisión del salario mínimo en donde se estableció un aumento del 12% para los siguientes tres años. Esto significa que la capacidad de comprar bienes y servicios del salario mínimo aumentó 10% en esos tres años. El segundo objetivo que tiene la empresa privada con su propuesta del 9% es que permitirá la creación de empleo. El crecimiento gradual permite que las empresas puedan hacer contratos puesto a que ya conocen el panorama del salario; lo que se traduce en mayor empleabilidad.