En abril de 2014 la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, creó una Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, que incluyó a 24 profesionales de todas las ramas económicas, sociales y académicas del país para elaborar un diagnóstico de su sistema previsional y sacar conclusiones que derivaran en una mejoría para los cotizantes y jubilados.
Su informe final fue presentado, de hecho, en septiembre del año pasado y contiene 58 propuestas técnicas que ya calculan, incluso, el costo fiscal que el Gobierno tendría que sacrificar para mejorarla (0.4 puntos del PIB o un aproximado de $1,000 millones anuales).
De acuerdo con el informe final, la Comisión realizó 65 sesiones de trabajo interno, incluyendo 10 reuniones ampliadas y además hizo 78 audiencias públicas en la capital, 30 diálogos regionales y una encuesta de opinión y percepción de las que extrajo la opinión de los ciudadanos para elaborar sus conclusiones.
Chile pasó de un sistema de pensiones público a uno privado en 1981 y desde esa fecha ha modificado sus leyes para mejorar las condiciones de ahorro de los trabajadores. Durante estos años también ha hecho cambios para diversificar las inversiones que hacen las AFP, tanto interna como externamente, con el fin de que los ahorrantes logren una mayor rentabilidad por su dinero.
El informe final presentado el año pasado hizo un diagnóstico del sistema de pensiones actual y la calidad de vida que tienen en estos momentos los jubilados. Retomó cómo era el sistema antes de la reforma de 1981 y después de esta.
En otro capítulo la Comisión explicó sus recomendaciones y por qué los miembros de esta instancia no apoyaron la idea de regresar a un sistema de reparto, que era una de las opciones consideradas entre los puntos a considerar.
La instancia también expuso el impacto esperado con esas recomendaciones y el costo fiscal que tendría cada una de ellas si se llegase a aplicar.