Los excesivos gastos estatales, una deuda cada vez más alta y la falta de compromiso para reducir el gasto fueron algunos de los antecedentes que llevaron a Argentina a estatizar los fondos de pensiones en 2008; síntomas muy similares a los que está atravesando el gobierno salvadoreño, que también analiza la posibilidad de que sea el Estado quien administre el dinero que ahora está en cuentas individuales.
Las noticias de ese año muestran que Argentina se enfrentaba a un inminente pago de más de $20,000 millones con sus acreedores, que además ya le tenían desconfianza por el impago en el que había caído en 2001.
En ese año, además, la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner era muy criticada por el excesivo gasto en todas las áreas estatales, con el agravante de que no se vislumbraba un compromiso serio por reducir el gasto.
El precio de las materias primas, como el petróleo, también le restaron ingresos al gobierno argentino.
Una situación similar enfrenta ahora El Salvador: su déficit fiscal supera los mil millones y su deuda total es de más de $16,000 millones, lo que representa más del 60% del Producto Interno Bruto Nacional.
Esa enorme deuda es la que ha hecho que las calificadoras de riesgo también vean a El Salvador con más desconfianza para pagar, por lo que ahora presta dinero más caro en el mercado internacional.
Prácticamente, es la misma clase de problemas fiscales que llevaron a Argentina a tomar más de $31,000 millones que sus ciudadanos habían acumulado en los fondos de pensiones desde 1994, cuando el sistema previsional se manejaba por empresas privadas.
Sin estudios técnicos ni consultas previas
Sin consulta previa, ni argumentos técnicos o estudios de impacto, Fernández de Kirchner firmó en un acto público inesperado el proyecto de ley por el que se eliminaba el sistema privado.
La versión de Fernández era que el dinero de los trabajadores estaba perdiendo rentabilidad por la crisis bursátil que ocurría ese año y que, por lo tanto, había que proteger los fondos de sus ciudadanos.
Al igual que en El Salvador, Fernández de Kirchner también acusó a las AFJP de obtener grandes ganancias del ahorro de los trabajadores y las acusó de usureras, a pesar de que las empresas que administraban el dinero habían logrado una rentabilidad promedio de más del 13% para los ciudadanos.
También pasaba que el 55% de los fondos de pensiones estaban invertidos en deuda estatal, que pagaba menos intereses de lo que las AFP podían lograr afuera. Eran más de 9.5 millones de argentinos los que estaban afiliados a las AFP privadas en ese momento.
“Entre encoger el enorme gasto público o echar mano de los fondos de jubilaciones, el Gobierno se quedó con la última opción”, escribió el editorialista de La Nación, Joaquín Morales, en un duro artículo titulado “¿Gastar menos o saquear? Saquear”, ese año.
Fernando Muñoz, en ese entonces, un asesor institucional de la asociación de AFP de Perú explicó a un canal televisivo que la decisión de Argentina de estatizar las pensiones tenía su razón en los problemas fiscales que enfrentaba y no en una intención de cuidar los ahorros de los cotizantes.
“La razón es porque hay una fuerte crisis fiscal en Argentina y el próximo año tienen que pagar alrededor de $20,000 millones de deuda y no cuentan con este dinero”.
“Al haber $30,000 millones, en el sistema privado de pensiones y adicionalmente alrededor de $350 millones de los trabajadores esto produciría un alivio fiscal enorme. No es una reforma previsional sino que es una confiscación con fines fiscales”, señaló.
Las mismas críticas se han hecho al gobierno salvadoreño en el último año. Las autoridades han propuesto un sistema mixto para que parte de los fondos co tizado en las AFP sea trasladado a las cuentas del Estado y que éste lo administre.
Economistas como Claudio de Rosa, señalan que el Gobierno, lo único que busca es aliviar sus problemas fiscales, al pasar a sus cuentas unos $4,000 millones que podrían reducir su déficit fiscal.
En 2008, “Ian Vásquez, en ese entonces, investigador del Cato Institute de Washington, comentó a CNN desde Buenos Aires: estas “son medidas muy erróneas, un error muy garrafal. Está espantando al capital. En Argentina no se respeta la propiedad privada. Esto ocurre en un momento en que este gobierno, que ha gastado tanto, necesita recursos. Ahora se está viendo como un robo a gran escala”.
En El Salvador, el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) asegura que el Gobierno quiere confiscar el ahorro de los trabajadores y utilizarlo para sus gastos estatales. Por ahora, ese dinero está en cuentas individuales y es considerado un dinero privado, que nadie puede tocar.
Pero, en la última semana, el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, aseguró que ya tienen listo un proyecto de reforma de pensiones, pese a que ni las AFP ni los trabajadores han visto de qué trata esa propuesta.
El tema podría llegar directamente a la Asamblea Legislativa, donde ya no se discutiría con una visión técnica, sino política, según afirmó la semana pasada el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino.