La mayor actividad económica de la industria azucarera, que emplea a miles de personas durante la zafra y es clave para el crecimiento económico nacional, se ha convertido un año más en víctima de los pandilleros y la delincuencia común, que ya están atemorizando tanto a ingenios como a productores, transportistas y a los rozadores de caña.
El rumor de que se estaba extorsionando al Ingenio La Cabaña con un millón de dólares es solo una de las recurrentes amenazas que se han escuchado en las últimas semanas.
El Ingenio no fue extorsionado directamente, pero sí lo estuvieron los transportistas que trasladan la caña desde los cultivos hasta los ingenios. Y aunque la central azucarera no paró su trabajo, sí lo hizo de forma irregular, según confirmó el presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador, Mario Salaverría.
Lo mismo le ocurrió en la zafra pasada al Ingenio El Ángel, que tuvo que reducir su trabajo por varios días a raíz de las amenazas que los transportistas de carga de caña habían recibido en diferentes vías.
De acuerdo con el director ejecutivo de la Asociación Azucarera de El Salvador, Julio Arroyo, este es un tema que surge cada vez que comienza la zafra, entre noviembre de un año y abril del otro.
“Es un tema que siempre está en el ambiente. Hay extorsiones en el sector, los productores, los transportistas están sufriendo extorsiones. Los ingenios tienen personal amenazado”, manifestó.
“Al final hemos conseguido que camine la zafra pero sí es una situación tensa”, agregó Arroyo.
Y no es fácil cuantificar las pérdidas por la delincuencia. Según Arroyo, los casos varían de caso a caso y también por zona.
La Paz y Usulután son, según Arroyo, algunos de los departamentos en los que más han conocido de problemas relacionados a las pandillas.
“No hay ingenio, agrónomo, productor o trabajador que no esté afectado por las extorsiones”, asegura Juan Wright, presidente del Ingenio La Cabaña. “Esta delincuencia incide mucho más de lo que uno se imagina”, señaló Wright.
El empresario azucarero comentó que en algunas zonas del país familias enteras que antes se dedicaban a la corta de caña han abandonado sus casas por causa de la pugna entre las pandillas.
Las quemas de caña no controladas son, según Wright, un arma de amenaza para los productores. “Si no me pagas la extorsión, te quemo la caña”, son las amenazas que reciben los cañicultores.
A los transportistas no les dejan pasar por ciertas rutas tanto para recoger caña como para descargarla.
“Si un trabajador es de una comunidad o un territorio donde hay mayor accionar de una pandilla y va a otro con presencia mayor de la otra pandilla, ahí empiezan a darse las diferencias. Empiezan a percibir que es de otra pandilla aunque no sea nada”, explica el presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), Agustín Martínez.
“En la ciudad… las empresas están en zonas protegidas. En el campo las zonas productivas están al aire libre y eso permite que la delincuencia esté más presente”, señaló Martínez.
“Bien no estamos. Para empezar la delincuencia es un una traba para entrar a nuestras propiedades, para sacar nuestras cosechas, no podemos trasladar la gente de una zona a otra. Eso no es fácil, es duro. Hay que trabajar con urgencia”, dijo Jorge Aguilar, productor de caña.
La Policía, por su parte, ha emprendido un plan de trabajo con la Asociación a fin de garantizar la tranquilidad de todos los involucrados.
Otros problemas
La delincuencia también está haciendo retroceder al sector en áreas en las que habían logrado un éxito total.
Según Wright, el sector había logrado eliminar, prácticamente, el trabajo infantil, pero ahora la delincuencia está obligando a muchos padres a llevarse a sus hijos al campo para evitar que sean un blanco de los pandilleros.
“Las familias comienzan a llevar a sus hijos al trabajo porque si los dejan en sus casas, los dejan expuestos a las maras”. “El trabajo infantil sigue en el campo, pero ahora es por otras causas”, señaló.
El sector azucarero emplea a más de 50 mil personas a nivel nacional directamente y a otras 200 mil personas de forma indirecta, según datos de la Asociación Azucarera.