La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) emitió un pronunciamiento institucional acerca de la propuesta del Gobierno que busca una reforma de pensiones para transformar el sistema actual (de capitalización individual) a un sistema mixto, indicando que “los fondos de pensiones no le pertenecen al estado, le pertenecen a los trabajadores afiliados”.
Fusades señaló que cualquier reforma debe basarse en análisis técnicos, ser consultada con los sectores involucrados, mejorar la tasa de interés de las inversiones que usen fondos de pensiones y reestructurar las finanzas del Estado para que contemplen el pago de pensiones públicas.
El gobierno alega que una reforma es necesaria porque el sistema actual es insostenible y que esto está causando un grave problema a las finanzas del Estado.
Sin embargo, la Fundación cuestiona que no se ha tratado el tema con los actores interesados. “Lejos de tener una discusión seria, ha habido poca transparencia, cambios de fechas y promesas de apertura que no se han cumplido”, asegura el informe emitido por Fusades.
La falta de conocimiento sobre los elementos que conformarán la propuesta de reforma anunciada por el Ejecutivo generan incertidumbre entre los diferentes sectores del país y, de esa forma, aumenta la preocupación de los trabajadores sobre su jubilación.
En el informe se estipula que “pese a que no se ha discutido con actores sociales, el 19 de enero del año en curso, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, indicó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, a fin de presentar una propuesta concreta a la Asamblea Legislativa, sin descartar que pudiese realizarse antes de que finalice el mes de enero”.
Lamentablemente no se ha compartido ningún borrador de este proyecto de ley. No obstante, se realizó un primer diagnóstico sobre el sistema de pensiones, elaborado por la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Hacienda y Secretaría Técnica, pero se negaron a compartirlo públicamente; y “no fue hasta que se recurrió a todas las instancias que permite la Ley de Acceso a la Información Pública, que finalmente se dio a conocer el documento de diagnóstico”.
No fue sino hasta el segundo semestre de 2015 que se conocieron algunos lineamientos de una posible reforma al sistema de pensiones; según los cuales se crearía un sistema mixto. Con esto se estaría introduciendo un pilar público de reparto; es decir, semejante al que existió en el país hasta 1996 antes de las AFP, que fue insostenible financieramente. Este se conformaría con todos los afiliados al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP); asimismo se dice que habrá también un pilar de capitalización individual.
De esa manera, los afiliados que ganen hasta dos salarios mínimos sólo cotizarían al pilar de reparto (13% del salario), y al de capitalización aportarían quienes tengan un salario mayor a los dos salarios mínimos.
Según la propuesta, el gobierno buscará usar los fondos de pensiones (propiedad de los afiliados) para resolver la problemática fiscal que afronta el país, borrando un parte de la robusta deuda.
Aquí se crea una pregunta fundamental: ¿son las pensiones la verdadera causa del deterioro fiscal? De acuerdo con Fusades, las pensiones no son las causantes de los problemas fiscales del Estado; y es que las finanzas públicas del país han sido deficitarias por muchos años debido a que “el gasto reiteradamente supera a los ingresos, pero en ciertos períodos, el deterioro se ha profundizado, como ha ocurrido desde 2009”.
En ese sentido, Fusades advierte que el real problema es que el Gobierno continúa gastando más de lo que percibe en ingresos, lo que ha venido a aumentar la deuda pública.
Fusades apunta que es insostenible establecer un sistema de reparto o mixto, ya que es un retroceso respecto a los avances que se han hecho en el sistema previsional.
“Establecer nuevamente un sistema de reparto o uno mixto que introduzca un pilar de reparto, no son opciones viables para superar los desafíos del sistema de pensiones salvadoreño”, propone el documento de la institución.
Además, un regreso al sistema mixto aumentaría la deuda pública de pensiones, aunque a corto plazo se presente una mejora en la situación fiscal, esto solo se orientará a cubrir necesidades de flujo de corto plazo del Estado; poniendo en riesgo la sostenibilidad del pago de pensiones para las futuras generaciones. Además no se mejoraría la cobertura ni la suficiencias de las pensiones.
Una propuesta inconstitucional
Fusades alega que la propuesta del gobierno estaría violando el derecho constitucional a la propiedad privada, y explica que, si la propuesta se consolida con los términos antes mencionados, es de “advertir una posible violación a la Constitución por vulnerar el derecho de propiedad privada en función de una pensión por jubilación digna, la cual está garantizada por los artículos 50 y 103 de la Constitución”.
Es problema es preocupante, porque una transición a un sistema mixto implicaría que los ahorrante pasan de un sistema en donde uno es propietario de su ahorro, y tiene garantizada su pensión con base en lo ahorrado (sistema actual), a uno en el cual ya no sería dueño de sus cotizaciones, las cuales serían parte de un fondo común, a cambio de la promesa de una pensión vitalicia que es incierta.
“Es una apropiación injustificada de los fondos de los trabajadores para que el Estado lo utilice para otros fines y, a cambio, no ofrece más que una promesa, lo cual podría atentar contra derechos constitucionales como la propiedad privada y el derecho a la seguridad social”, se indicó.
Fusades recalca en su informe que “aunque no se conoce cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo, según los lineamientos conocidos el año anterior, implicaría despojar a los trabajadores de su cuenta individual de ahorro para pensiones, que es dinero de su propiedad, con lo que estaría vulnerando el derecho constitucional de propiedad privada regulado en el artículo 103 de la Constitución”.
Es fundamental tener en cuenta que “las cuentas individuales de ahorro para pensiones constituyen un ahorro sagrado”.
Hasta noviembre de 2015, este patrimonio alcanzaba los 8,606.5 millones de dólares, a los que Fusades califica como “el fruto de más de 15 años de esfuerzo de los trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) realizando cotizaciones”.
La reforma de pensiones de un sistema de reparto (antiguo INPEP e ISSS) a un sistema de capitalización individual (AFP) se dio en 1996, porque el modelo antiguo fracasó ya que acumuló obligaciones de pago con sus afiliados que superaban excesivamente los recursos para afrontarlas. Adicionalmente hubo un manejo inadecuado de los recursos, que se usaban para todo tipo de gastos del gobierno, y en última instancia para el pago de pensiones.