Las múltiples confusiones que se han generado por el cobro del nuevo impuesto de 5 % para la seguridad ciudadana han llevado el tema a un plano más confrontativo entre el Gobierno y las empresas de telefonía.
Ayer el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, amenazó a las compañías de telefonía con quitarles las concesiones del espectro radioeléctrico, que vencen en 2017, y advirtió con incluir a otros competidores si no revierten los cobros extra que los ciudadanos han denunciado al adquirir saldo para sus llamadas.
“Si no se vuelven a vender saldos de un dólar, dos dólares, tres dólares, nosotros dejamos totalmente cerrada la discusión sobre la posibilidad de una renovación (de las concesiones)”, dijo el funcionario en una entrevista matutina en Canal 10.
Las concesiones de telefonía, así como otras del espectro radioeléctrico (radio y televisión), terminarán su plazo en 2017 por lo que el Gobierno analiza desde ya la forma en cómo pretende dar nuevas concesiones en lo que las autoridades han denominado “una democratización del espectro”.
“Si las telefónicas quieren seguir hablando de concesiones, tienen que revertir esa decisión de incrementar precio en las recargas”. “Las telefónicas quieren sembrar en la población que el incremento en recarga es por decisiones del Gobierno”, señaló.
A su vez, Lorenzana dijo que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) ya inició una auditoría sobre las tarifas que las empresas están cobrando y, así mismo, la Superintendencia de Competencia comunicó que ha comenzado un estudio para determinar si hay prácticas anticompetitivas entre las compañías.
Las empresas de telefonía, sin embargo, aseguran que están cumpliendo la ley y que no están haciendo cobros extra a la población pues lo que pagan los consumidores es lo que les dan en saldo para sus llamadas. No obstante, ayer no quisieron responder sobre las advertencias que hizo Lorenzana en la mañana.
Lenguaje “chavista”
Quienes sí reaccionaron a las declaraciones de Lorenzana fueron economistas y diputados. Miguel Lacayo, por su parte, dijo que las declaraciones de Lorenzana reflejan una “matonería política” y un lenguaje chavista-venezolano, que intenta amedrentar a la gente si no se cumple con lo que el Gobierno dicta.
El analista económico cree que el Gobierno está tratando de esconder el nuevo impuesto al incluirlo dentro de los costos de las empresas, y que las telefonías lo cobran por aparte para mostrar que el impuesto es pagado por los consumidores.
Por su parte, los diputados Mario Ponce, del PCN y René Portillo Cuadra, de ARENA, advirtieron que el Estado podría ser demandado, si se cumple la “amenaza” del gobierno de que cancelará los permisos de operación a las empresas de telefonía, por supuesta mala aplicación del cobro del impuesto a los usuarios de sus servicios.
“Vivimos en un Estado de Derecho para que puedan suspender los permisos, no sé si será atrevido de parte del vocero de Casa Presidencial, yo no me casaría con ese tipo de discursos, porque eso es demasiado fuerte y ahuyenta la inversión, estamos en un país adonde la libertad empresarial se debe de respetar y por supuesto las reglas están claras, si hay una política de fiscalización tiene que haberla, pero no puede venir de la noche a la mañana a quitarles a empresas que han hecho grandes inversiones en el país”, afirmó Ponce.
Y aún más, Portillo Cuadra pronostica que dadas las circunstancias de que el gobierno no reguló antes de aprobar el tributo, la forma de como sería aplicado sino hasta después de su entrada en vigor, el impuesto reviste todas las características para que cualquier ciudadano presente un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Al respecto, ya existe uno en el máximo tribunal.
“En este momento lo que están dando son patadas de ahogado, no sólo no saben como administrarlo, sino que ahora no saben ni como cobrarlo, la redacción de esa ley está tan mal hecha que no se sabe en qué momento causa el hecho generador del impuesto”, lamentó Portillo Cuadra.
Pero Lorenzana dijo que la reacción de las telefonícas de aumentar las recargas es una decisión de carácter político, y no una decisión comercial.
De hecho, Lorenzana aseguró que a pesar de la aplicación del 5 %, el ciudadano debería estar recibiendo más tiempo al aire pues la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) autorizó días antes una reducción del 13% en la tarifa de telefonía.
“Hemos hecho un cálculo técnico de cuál es el tiempo que el usuario de telefonía tenía antes de la reducción de las tarifas telefónicas y antes del establecimiento de la contribución especial. La conclusión que nosotros tenemos en todas las compañías, excepto una… es que la cantidad de tiempo que el usuario de telefonía que el pueblo salvadoreño tendría después de aplicar la reducción de las tarifas y después de aplicar la contribución especial es que el tiempo sería mayor.
“Aún con la contribución especial (el consumidor tendría derecho) a tener más tiempo aire por el consumo telefónico”, dijo.
Sin embargo, al cuestionar a la Superintendenta de la Siget, Blanca Coto, esta manifestó que su institución no puede regular el cobro del nuevo impuesto y que ese trabajo le corresponde al Ministerio de Hacienda.
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo por su parte que el el cobro extra es ilegal y que el impuesto del 5 % a la seguridad ya debe estar incluido en el costo total de $1, por lo que el cliente no debe pagar más.
Lo mismo está haciendo la Defensoría del Consumidor en los centros comerciales y tiendas.
No obstante, en la práctica, las versiones sobre comisiones entre empresas y revendedores abundan y confunden más a los consumidores.
De acuerdo con el instructivo de aplicación de la contribución, son las empresas las que deben definir ese pago de comisión con los revendedores.