Debido a excesivos trámites y falta de permisos, el Viceministerio de Transporte (VMT) está frenando la actividad de empresas que brindan servicios de transporte, retrasándoles el proceso para obtener los permisos adecuados para operar.
Doris de Rivera, gerente de inteligencia industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), quien también opera una empresa de servicios de transporte, explicó que la tramitología es “excesiva, absurda, costosa y obsoleta”, ya que exige más de lo que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ordenan.
La ley estipula que lo único que un transportista necesita para obtener los permisos es una constancia de interés por parte de la empresa que recibirá los servicios, recibo de pago por el trámite de autorización (el cual es de $100), documentación de quien realiza el trámite y documentación que acredite la propiedad del vehículo.
No obstante, el VMT en su página web publica una serie de requisitos que solo entorpecen el proceso de los empresarios. De acuerdo con De Rivera, una de las primeras discrepancias esta en el tercer punto de los requisitos para obtener la autorización de transporte de personal de empresa; el cual establece que se necesita una “Copia certificada del carnet de motorista emitido por este viceministerio, de la persona que conduce la unidad”. La gerente de la gremial comentó que este es un proceso innecesario y que solo representa un costo extra para las empresas ya que “este carnet lo emiten ellos (VMT), por qué piden una copia certificada, si es información que tienen en su base de datos”.
Por otra parte, el Viceministerio pide “copia certificada por notario de recibos de consumidor final o comprobante de crédito, derivado de la prestación del servicio de transporte”. De Rivera aseguró que este requisito en específico es uno de los más problemáticos, puesto que indica que para obtener la autorización de servicio de transporte, una empresa debe tener constancia de que ya está prestando este tipo de servicio. Es decir, un transportista debe “operar ilegalmente” debido a que no puede tener un comprobante de esta índole si no ha brindado el servicio previamente.
Esto dificulta enormemente la operación de una empresa transportista, pidiéndole que entregue constancias de sus servicios cuando todavía no tiene el permiso para poder hacerlo.
Más allá de eso, algunos requisitos son enredados, por ejemplo, el VMT pide un contrato autenticado por notario entre el solicitante y la empresa a la que se le dará el servicio; pero en el siguiente requisito, pide una carta de la empresa hacia el VMT que indique que el servicio es una prestación para sus empleados. La gerente expresó que esto es redundante, considerando que el contrato ya indica que el servicio será una prestación para los colaboradores de la compañía.
Agregó que “¿cómo puede exigir la presentación de un contrato para obtener el permiso?, ninguna empresa tiene contrato si no ha comenzado a brindar el servicio, es un requisito que obliga a las empresas a trabajar ilegalmente, exponiendo a las compañías a multas y decomisos de las unidades por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), quien aprovecha este limbo”.
Esto último que menciona De Rivera es fundamental en toda está situación, y es que la ley indica que en caso de incumplimiento habrá una revocación del permiso, pero que no se puede decomisar la unidad de transporte; sin embargo, la gerente reiteró que en varias ocasiones cuando la PNC encuentra una unidad que está incumpliendo de alguna forma con la autorización, estos quitan las placas y decomisan el vehículo, lo que va en contra de la normativa legal. La ley también menciona que después de haberse presentado la solicitud de la autorización el viceministerio tiene un plazo de treinta días para dar respuesta. Si ese lapso transcurre sin que la institución brinde una resolución, “se tendrá por aprobado el permiso con todos los efectos legales correspondientes”.
No obstante esto no se cumple en la práctica y “cuando se les explica esto a la PNC les da risa y su respuesta es que la autoridad son ellos y que si no tiene el permiso lo que procede es una multa, decomiso de la tarjeta de circulación o de la unidad, dependiendo del criterio del agente”, añadió De Rivera.
La realidad de este lapso de tiempo es otra, y es que hay empresas de transporte que pasan meses esperando respuesta solo que el permiso no sea aprobado.
Adicional a eso, los permisos se emiten para vehículos en específico, esto significa que si la unidad autorizada “se va a mantenimiento, se arruina o es chocada y la ruta contratada se realiza con otra unidad y la PNC la detiene en un control vehicular, puede multar, quitar tarjeta de circulación o decomisar”, según la representante de la ASI.
En promedio realizar todo el proceso le cuesta a una empresa entre $600 a $700, y si después de meses recibe la notificación que no se le aprobó el permiso, esta deberá nuevamente empezar con todos los trámites otra vez.
Pero aún más preocupante -explica De Rivera- es que los más afectados son las pequeñas y medianas empresas, quienes sufren mayores repercusiones llevándolas a la quiebra incluso. En promedio una de estas empresas puede tener entre dos a seis vehículos, y si pierde una unidad por decomiso o su trabajo se frena por la tramitología perdiendo un cliente, estas pueden llegar al punto de quebrar.