El nuevo impuesto a las llamadas telefónicas y la compra de aparatos electrónicos relacionados ya le dio al Estado ingresos preliminares por más de $1 millón, según confirmaron ayer funcionarios del Ministerio de Hacienda, que llegaron a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa a explicar el cobro del tributo y despejar las dudas que se han generado en la población.
Durante su intervención, el director general de impuestos internos, Alfredo Díaz Barrera y el director de política fiscal, Nelson Fuentes, recalcaron que el impuesto ya está incluido en el cobro total que haga un agente de retención, llámese este un importador o una empresa de telefonía.
Desde su entrada en vigencia, el impuesto, llamado por el Gobierno como “contribución especial para la seguridad”, ha creado una gran confusión entre los consumidores, sobre todo aquellos que suelen adquirir saldo para sus teléfonos con contrato prepago pues con la entrada en vigencia las telefonías han cambiado sus tarifas de cobro y aplicado $0.05 más a sus recargas.
Sin embargo, Fuentes dijo que el papel del Ministerio de Hacienda no ha sido revisar el cambio de tarifas que han hecho las empresas de telefonía, sino solo administrar el dinero y comprobar que en cada recarga se haga el cobro del IVA y de la contribución a la seguridad.
“El papel del Ministerio de Hacienda es administrar el tributo y en ese sentido nuestro deber es que el valor neto del precio se le esté incorporando su IVA y su 5 %. No podemos hacer nada sobre lo que las empresas de telefonía o los operadores incrementaron con respecto al precio de la recarga. Lo que sí debemos garantizar es que ese precio de recarga tenga efectivamente el 13 y el 5 % de la contribución”, señaló Fuentes en su intervención.
El Ministerio de Hacienda informó hace unos días que este cobro es ilegal porque de acuerdo a sus cuentas, el valor de la recarga ( ya sea $1, $2 o más) ya incluye el 13 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) más el 5 % de la contribución a la seguridad.
Tras la intervención de los funcionarios de Hacienda, el diputado de ARENA, Donato Vaquerano, mostró su preocupación por las confusiones que se han originado tras la aplicación del impuesto y aseguró que el Gobierno ha tratado de echarle la culpa a los agentes de retención de este nuevo impuesto. “Independientemente de que el impuesto vaya en la factura o en la recarga, tratando de esconderse, a la larga siempre lo va a pagar la población”, sostuvo.
La diputada del FMLN, Norma Guevara, por su parte atribuyó el problema a las empresas de telefonía y pidió al Ministerio de Hacienda y la Defensoría del Consumidor que apliquen sus disposiciones para sancionarlas si es debido”.
La legisladora agregó que estas acciones que han hecho las telefonías son “políticas comerciales orientadas políticamente para recordarle a la ciudadanía el cobro del impuesto. La ciudadanía no ignora que hemos hecho una ley. No hay un afán de esconder nada”, señaló la legisladora. “No hay razón para operar como se ha operado”, agregó.
El director de impuestos internos señaló que mantendrán informados a los diputados sobre el cobro y la recaudación y les señaló que si estos problemas continúan “la Asamblea debería pensar en qué otras medidas podría tomar” para “frenar lo que algunos han llamado un abuso”.